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*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

 

Sin duda alguna, el triunfo logrado por Andrés Manuel López Obrador y los candidatos postulados por Morena en la elección presidencial del uno de julio de dos mil dieciocho, con una participación abrumadora de los ciudadanos que acudieron a votar a las urnas, superando el 64% del total del padrón electoral, tiene varias lecturas que han dado para muchos análisis e interpretaciones sobre los factores que incidieron para que los mexicanos apoyaran a la opción de la izquierda y no a los de los partidos que han ocupado la silla presidencial con candidatos del PRI y del PAN.

 

Desde los análisis que consideran que la campaña de López Obrador a diferencia de las dos anteriores, ahora si, logró convencer con su discurso y propuestas a los electores e indecisos, hasta quienes afirman, que obtuvo el triunfo por ser el candidato menos malo y como un voto de castigo de los ciudadanos hartos de los excesos y escándalos del grupo gobernante con actos de corrupción cubiertos siempre con un manto de impunidad, que hicieron que perdieran la confianza del electorado y por otra parte también por el derroche de los recursos que vía prerrogativas reciben los partidos políticos, que han convertido a nuestras elecciones entre las más caras a nivel mundial. Un factor que también fue determinante es el fracaso del estado para combatir la inseguridad y el clima de violencia que se ha ido generalizando en el país, siendo evidente la colusión que existe entre los gobernantes y los líderes de la delincuencia organizada, dejando a los ciudadanos en un completo estado de indefensión y colapsando el estado de derecho en el país.

 

En general, podemos afirmar que los electores decidieron probar una nueva opción de gobierno, con la esperanza de que se logren abatir los graves problemas nacionales y se terminen con la corrupción y los privilegios de los diputados y senadores y de los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno.

 

Pese a lo anterior, ahora que MORENA ya es gobierno a nivel federal y que cuenta con la mayoría de representantes en las cámaras de Diputados y Senadores, así como en varios de los Congresos locales, como Chiapas, Veracruz, Morelos, Ciudad de México, Tabasco, Baja California y en este año Puebla, se vive una problemática, que desde ahora debiera preocupar y ocupar a los liderazgos de MORENA y que es precisamente la falta de trabajo en las estructuras del Partido en los Estados y Municipios, debido a que muchos de quienes se dedicaron a hacer trabajo proselitista a favor del Partido para alcanzar los triunfos, hoy ya se encuentran ocupando posiciones en los gobiernos y han abandonado el trabajo de base con los ciudadanos, es decir, prefirieron vivir del sueldo que les proporciona el servicio público, que continuar con el trabajo político y de fortalecimiento de la ideología y principios que rigen al Partido; situación que desde ahora se vaticina, puede producirles un duro revés en las elecciones federales de 2021 en que se renovará la Cámara de Diputados y las subsecuentes en algunos Estados del país.

 

Tal pareciera que por ahora, lo más importante es tener el control del gobierno y de los puestos, que estar con la gente que milita en el Partido y de quienes sin militar en el mismo, apoyaron con su voto el triunfo de MORENA en 2018, situación que de no corregirse por el desgaste normal que tiene todo partido en el gobierno, así como del trabajo que viene realizando la oposición y grupos como “Alternativa por México” hará que se presenten a las elecciones con pocas posibilidades de alcanzar el triunfo nuevamente, ya que en la boleta lo más seguro es que no aparezca de nuevo López Obrador, que fue quién dio el triunfo a muchos candidatos que por si mismos, no tenían posibilidades de ganar la elección, aunque un gran número de ellos, crea que la gente les dio el voto por ser ellos los candidatos y hoy gobiernan con esa convicción, con una actitud soberbia, de que ganaron por sus propios medios y que tienen a la gente a su favor; ejemplos hay muchos.

 

Aunque estamos a poco más de diecinueve meses para que se lleven a cabo las elecciones de diputados federales, sería oportuno que los dirigentes de MORENA reflexionaran sobre la situación que hoy enfrentan como Instituto político y se dedicaran a realizar un trabajo cercano a la militancia y a los seguidores del Partido, pero sobre todo a cumplir a la gente las promesas que hicieron en las campañas políticas para seguir teniendo su respaldo. De no hacerlo llegarán muy debilitados al proceso y necesitarán el apoyo y alianzas con otros partidos para conservar la mayoría que tienen en la Cámara y continuar con las reformas necesarias para lograr la 4T en los seis años del Gobierno de López Obrador, ya que difícilmente repetirán un triunfo como el logrado en 2018.

 

*Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla A.C

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*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

 

Uno de los organismos autónomos que más fueron sometidos al servicio de los gobiernos emanados del Morenovallismo, fue sin duda la Comisión de Derechos Humanos del Estado, desde la llegada de Adolfo López Badillo al frente de la misma, quién se dedicó a desmantelar programas y a despedir al personal que tenía laborando en el organismo desde su fundación o por lo menos con una antigüedad entre quince y veinte años y con una amplia experiencia en la materia, lo que no fue tomado en cuenta a la hora de decidir su permanencia en una institución donde se supone se deberían “defender los derechos humanos”.

 

Otra de las situaciones que se presentaron, fue la disminución de los salarios del personal y la división de las plazas para contratar hasta a tres personas con el sueldo de una, sobre todo en el caso de los Visitadores adjuntos, es decir, con sueldos de seis mil pesos al mes, se pretendió cumplir con la función que por disposición constitucional debe llevar a cabo la Comisión.

 

La actitud omisa y cómplice del Presidente de la Comisión, ante los abusos de poder y constantes violaciones a los derechos humanos de los poblanos por parte de las autoridades gubernamentales, dejaron constancia de que se le nombró y reeligió exclusivamente para obedecer las órdenes del Gobernador, muy lejos de atender los reclamos de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y la verdad de las cosas, supo desempeñar fielmente dicho papel, sin que las legislaturas LVIII y LIX del Congreso del Estado, lo llamaran a cuentas o por lo menos atendieran las denuncias y reclamos sociales que llegaron a sus manos, los que fueron al archivo, ya que López Badillo era intocable.

 

La visión de que el Presidente de la CDH, forma parte del gabinete ampliado del Gobernador, o de qué es un empleado al servicio del poder, debe ser desterrada y sobre todo en el nuevo gobierno que encabeza Luis Miguel Barbosa Huerta, quién se comprometió a respetar la independencia de los demás poderes y de los organismos autónomos con un gobierno donde exista el equilibrio de poderes. De ahí que, el proceso de designación de quién encabezará la Comisión los próximos cinco años a cargo del Congreso del Estado, reviste una gran importancia para la vida de los poblanos, ya que dentro de las tareas que deberá llevar a cabo el o la nueva titular, está el de lograr recuperar la confianza y credibilidad de un organismo que pasó a ser una figura de ornato, sin ningún peso o autoridad moral para intervenir en los casos de violaciones a derechos humanos y muchos poblanos preferían no denunciar o de plano presentar su queja ante la CNDH que en la mayoría de los casos terminaba por declararse incompetente para investigarlos por disposición constitucional y por tratarse de autoridades estatales o Municipales de Puebla.

 

Es urgente y necesario que la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, adopte como en su momento lo hizo la CNDH, los principios que rigen al OMBUDSMAN: fácil accesibilidad

 

de los quejosos, gratuidad del servicio, independencia, flexibilidad, ausencia de solemnidad en sus procedimientos, facultad de investigar y solicitar toda la documentación relacionada con el caso, agilidad para encontrar fórmulas de solucióna los conflictos, y elaboración de informes periódicos y públicos, que es un principio sin el cual toda su actividad no tendría efectos, por lo que su relación con los medios de comunicación masiva es una condición indispensable para la consecución de sus objetivos.

 

En general, son varios los elementos que deben considerar los Diputados de la LX legislatura para designar al nuevo Presidente o Presidenta del organismo, porque tienen enfrente a una sociedad lastimada y que espera que la designación no se politice y se logre encontrar un perfil acorde a los tiempos y la situación de violencia e inseguridad que prevalecen en el estado, a fin de que cuenten con un organismo, que no sólo los escuche, sino que atienda sus quejas y que actúe con independencia de criterio para garantizar en forma efectiva la protección, respeto, vigilancia, prevención, observancia, promoción, defensa, estudio y divulgación de los derechos humanos.

 

*Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

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*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

 

Con el voto mayoritario de los Senadores de MORENA y sus aliados, finalmente el pasado 25 de julio se aprobó el nuevo proyecto de la LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Sin duda alguna, representa desde mi punto de vista, el cumplimiento de uno de los compromisos que hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su campaña, de combatir la corrupción y la impunidad de que se aprovechaban los servidores públicos y particulares para enriquecerse a costa del erario público, ya que aunque en contados casos se lograra someterlos a un proceso penal, la mayoría de las veces lograban proteger el patrimonio obtenido y contar con un blindaje que muchas veces les permitía perder su libertad algunos meses o años y después recuperarla sin perder lo mal habido. Los casos denunciados por la prensa nacional y conocidos son muchos; sin embargo también la percepción de los ciudadanos es que la impunidad y los acuerdos con las autoridades permitían que se continuara con estas prácticas en el ejercicio de gobierno.

 

La Extinción de dominio se define como: la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los bienes, a que se refiere dicha Ley, declarada por sentencia de la autoridad judicial sin contraprestación, ni compensación alguna para su propietario o para quien se ostente o comporte como tal, ni para quien por cualquier circunstancia, posea o detente los citados bienes.

 

Entre los puntos más relevantes de la reforma a la ley, cabe destacar los siguientes.

 

*Establece la extinción de dominio de bienes a favor del Estado por conducto del Gobierno Federal y las Entidades federativas, mediante un procedimiento efectivo, transparente y expedito para la aplicación de extinción de dominio.

 

*Establece los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción correspondiente.

 

*Aplica mecanismos para que las autoridades lleven a cabo la disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización de los bienes sujetos al proceso de extinción.

 

*Plantea los criterios para el destino de los bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia, y en su caso la destrucción de los mismos.

 

*Aumenta el catálogo de delitos que pueden ser incluidos para aplicar la extinción de dominio: por hechos de corrupción; encubrimiento; delitos cometidos por servidores públicos; delincuencia organizada , robo de vehículos, y delitos en materia de hidrocarburos, petrolífero y petroquímicos.

 

*Brinda facultades al sistema para la administración y bienes del sector público para ejercer las acciones de enajenación y monetización de los bienes sujetos en proceso de extinción de dominio.

 

*Brinda reglas para determinar la presunción de la buena fe en la adquisición y destino de los bienes.

 

Uno de los puntos más polémicos que se discutieron en la aprobación del proyecto fue el de la llamada VENTA ANTICIPADA para la enajenación de bienes, previo a la emisión de la sentencia definitiva en materia de extinción de dominio.

 

*Instaura la figura denominada como Gabinete Social de la Presidencia de la República la cual es la instancia colegiada que será el encargado de la formulación y coordinación de la asignación y transferencia de los bienes obtenidos con motivo de la extinción de dominio.

 

Finalmente otorga un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del decreto, para que las legislaturas de las entidades federativas armonicen su legislación en la materia.

 

No se aprobó como tal, la propuesta del Presidente de crear el Instituto para devolver al Pueblo lo robado, por la oposición de grupos parlamentarios como del PRI, debido a que consideraron que dicha denominación tenía más tintes políticos populistas y lo que realmente era importante de destacar en el dictamen aprobatorio, era determinar el destino de los bienes sujetos a la extinción de dominio.

 

Lo importante es que el endurecimiento de esta legislación, hará que los servidores públicos y particulares, no podrán tan fácilmente incurrir en los delitos contra el patrimonio del Estado, ni quedarse con los bienes producto de dichas conductas

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*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

 

Ésta fue una de las frases en las que dio mayor énfasis en su discurso de toma de protesta como Gobernador Constitucional del Estado de Luis Miguel Barbosa Huerta, en la que expresa su visión en cuanto a llevar a cabo investigaciones sobre presuntos actos de corrupción, cometidos por exfuncionarios de la administración del ex gobernador Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad, en cuanto a las mega obras y el endeudamiento que por 44 mil millones de pesos dejaron dichas administraciones en las finanzas públicas del estado para los próximos treinta años.

 

Quizás para algunos actores de la vida política del Estado, la reconciliación prometida en campaña por el Gobernador incluía el perdón por los actos de corrupción o desvío de recursos públicos para beneficio personal denunciado en diferentes medios e instancias y que jamás fueron investigados por contar con la complacencia y complicidad de las autoridades en turno; sin embargo el discurso de Barbosa dejó en claro que, no habrá perdón y que aplicará todo el peso de la ley en los casos en que se demuestre que hubo corrupción en detrimento del erario público y que se sancionará a quienes se hayan visto involucrados o se hayan beneficiado de dichas conductas.

 

Considero que el anuncio anterior, ya puso nerviosos a más de cien exfuncionarios de primer y segundo nivel, así como a quienes en su momento sirvieron de prestanombres a dichas operaciones y que el acuerdo de los Diputados de la LX legislatura de reabrir las cuentas públicas de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad, son el inicio de una persecución que no se detendrá hasta que varios de ellos sean internados en alguno de los Centros de Readaptación Social del Estado y se aplique la Ley de Extinción de Dominio para embargar y recuperar los bienes inmuebles y capitales producto de dicha corrupción. Sin que nos extrañe que quizás ya varios de ellos hayan salido del Estado llevándose lo robado para evitar caer en manos de la justicia.

 

En este caso Luis Miguel Barbosa, como lo dijo en su discurso, se inspiró en la ideología del Presidente Andrés Manuel López Obrador a quién no le ha temblado la mano, para iniciar investigaciones y denunciar públicamente a quienes desde el gobierno federal se aprovecharon de los recursos públicos impunemente, en una cadena que parece interminable y que seguramente será motivo de más escándalos en la escena política del país.

 

Sobre la deuda pública y los contratos del endeudamiento cuyos beneficiarios seguramente demandarán el cumplimiento del pago pactado, habrá que analizar desde el punto de vista jurídico la forma de rescindirlos, sin que ello implique un costo para el Gobierno estatal, o en su caso llevar a cabo una negociación que permita cerrarlos, debido a que la mayoría de

 

sus cláusulas benefician a los inversionistas privados y grupos empresariales y son leoninas para el Estado.

 

Sin duda alguna, la Cuarta Transformación que inició ayer en Puebla, cambiará en forma radical la forma de gobernar y la toma de decisiones muy distinta a la que nos tenían acostumbrados los gobiernos neoliberales del PRI y el PAN.

 

En el tema de la seguridad pública que es la principal preocupación de los ciudadanos del Estado, el gobernador anunció además de la compra de mil patrullas y la integración de más policías capacitados y equipados para combatir a la delincuencia organizada, que no cederá ante la delincuencia y que será él quien tomará las decisiones al respecto y se hará responsable de los resultados.

 

Esperamos que el equipo que lo acompañará en estas delicadas tareas, esté a la altura de las circunstancias y de los resultados que se esperan, a fin de que Puebla recupere su gobernabilidad, desarrollo, paz social y seguridad pública, así como también salga de los indicadores del CONEVAL que lo colocan en los primeros lugares en pobreza y pobreza extrema.

 

Finalmente en el tema de los Derechos Humanos, me parece relevante destacar su firme decisión de revisar los casos de los más cien presos políticos del Morenovallismo a fin de que recuperen su libertad y se termine con la persecución política y el uso del aparato de procuración e impartición de justicia para terminar con los enemigos del régimen, situación que prometió nunca más existirá en el Estado.

 

*Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla AC.

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*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

 

Una de las demandas más sentidas de la ciudadanía en los recorridos y giras que llevó a cabo el Gobernador electo del Estado Luis Miguel Barbosa Huerta, fue la de transformar la cara de los órganos encargados de la Procuración y Administración de Justicia, para ser más precisos de la Fiscalía General del Estado y del Tribunal Superior de Justicia, en otras palabras, terminar con la subordinación y control que sobre los mismos ejerció la administración del finado ex gobernador Rafael Moreno Valle y que se continuó en el Gobierno de Antonio Gali Fayad en el que la situación, no tuvo mayores cambios, debido a que las cosas continuaron igual, al permanecer el mismo Secretario de Gobierno y el control a que me he referido.

 

A lo anterior, habría que agregar el control que también se tuvo de la anterior legislatura y de los organismos supuestamente “autónomos” como la Comisión de Acceso a la Información Pública, la Comisión de Derechos Humanos del Estado, el Instituto Electoral del Estado, el Tribunal Electoral del Estado y los órganos del Sistema Estatal Anticorrupción incluyendo al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla. De tal forma que en dichas administraciones todos estos entes se encontraban plenamente al servicio del Gobernador y por lo tanto sus funciones fueron trastocadas y pervertidas por las órdenes e imposiciones que salían de las oficinas del Gobernador , lo que significó que en Puebla nunca existiera un equilibrio de poderes y mucho menos un rostro humano de la justicia, sino por el contrario sólo se dio la persecución política en contra de los opositores o de los críticos de la situación, la criminalización de la protesta ciudadana y el aumento de los presos políticos, los jueces de consigna , además del uso de las instituciones para beneficiar a los intereses de los aliados del Gobernador y de quienes hicieron grandes negocios e inversiones al amparo del poder del ejecutivo, quién no sólo les dio facilidades para enriquecerse, sino también impunidad cuando se cometían atropellos, delitos o violaciones a derechos humanos de los ciudadanos del Estado.

 

La situación anterior, propició que muchos asuntos se tuvieran que resolver en tribunales federales, donde sólo en algunos casos, se lograba resarcir a los afectados de sus derechos, ya que también en esta esfera Rafael Moreno Valle, ejerció un control a su favor para conseguir sus objetivos, todo ello con el respaldo del ex presidente Enrique Peña Nieto con quién compartió jugosos negocios.

 

Así las cosas, Luis Miguel Barbosa Huerta ha propuesto transformar la situación, impulsando las reformas constitucionales y cambios en la administración gubernamental para darle un rostro humano a la procuración y administración de la justicia, respetando las funciones y decisiones de los organismos autónomos y sobre todo garantizando un equilibrio de poderes para dar gobernabilidad y rumbo al Estado, respetando ante todo los derechos humanos de los poblanos y de los grupos

 

vulnerables como los indígenas, discapacitados, adultos mayores, niños y adolescentes, mujeres y personas en pobreza y pobreza extrema cuya población creció en forma alarmante los últimos cinco años, colocando al Municipio de Puebla como el segundo a nivel nacional con el mayor número de pobres en el país.

 

En el caso de las instituciones encargadas de la seguridad pública en el Estado, los cambios que se avecinan son prometedores, sin embargo, de ninguna manera quedan exentos de que cuenten con un rostro humano, en el que se logre recobrar la confianza de los ciudadanos y sobre todo combatir a la delincuencia con estricto apego a la ley y respeto a los derechos humanos de las personas.

 

La tarea que se ha propuesto el gobernador electo no es fácil, pero estoy seguro que con el apoyo de la población y tomando conciencia de la grave situación que vivimos, se logrará contar de nuevo con seguridad pública, paz y tranquilidad necesarias para la convivencia común.

 

 

*Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

 

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