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*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

 

El gobierno tiene la facultad mediante el Servicio de Administración Tributaria, para perdonar impuestos, multas y otro tipo de deudas fiscales a los contribuyentes, principalmente para recuperar recursos de personas físicas o morales incumplidas o bien, para apoyar a sectores económicos con baja capacidad contributiva, como una manera de incentivar a los contribuyentes para ponerse al corriente de sus obligaciones y así lograr captar más recursos en corto plazo.

 

Sin embargo, la condonación de impuestos, es un beneficio del que la mayoría de los pequeños contribuyentes no goza, pero sí algunas de las grandes empresas, lo que resulta en detrimento del erario y en los incentivos para pagar impuestos.

 

Dicha práctica se apuntaló durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, donde se condonaron impuestos a 108 grandes contribuyentes, dando como resultado que entre 2007 y 2018 se condonaron impuestos que equivalen a 400,902 millones de pesos a valor actual, concentrándose en ellos, el 54% del monto total de las condonaciones fiscales.

 

Asimismo, a partir del año 2013, se implementó un programa masivo para condonar adeudos de impuestos, a 36 empresas (de 41 mil 399) se les perdonaron más de 80 mil millones de pesos, casi la mitad de lo que se condonó en total gracias a este programa.

 

De esta forma entre 2015 y 2016, el gobierno de Enrique Peña Nieto, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), le perdonó a 15 empresas el pago de impuestos por al menos 15 mil millones de pesos.

 

De acuerdo con el informe Privilegios Fiscales, que presentó la organización Fundar, esas 15 personas a las que se les cancelaron sus adeudos representa el 0.26% de los contribuyentes que recibieron un beneficio en este periodo acumularon el 31% de las cancelaciones.

 

Entre las empresas beneficiadas con estas condonaciones están: Corporación Geo; Simec International; Industrias CH; GEO; GEO Jalisco, GEO Noreste; Volskwagen; el Instituto Politécnico Nacional; Arnecom.

 

En el último año del gobierno de Peña, más de mil 383 personas morales recibieron la condonación de créditos por un monto total de 4 mil 400.69 millones, sin embargo sólo el 1% de estas empresas acumularon el 85% del total de créditos condonados en este periodo.

 

Como podemos ver estas condonaciones por parte de las administraciones pasadas, lo único que ocasionaron fue un detrimento al erario público, además de

 

convertirse en el instrumento utilizado por los presidentes para favorecer a sus amigos y/ o empresas que les significaran ganancias económicas personales.

 

Pero parece ser que al fin podremos erradicar esta práctica discriminatoria y excluyente, puesto que el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para terminar con la condonación de impuestos a grandes empresas, el cual deja sin efectos los Decretos y diversas disposiciones de carácter general emitidos en términos del artículo 39 fracción I del Código Fiscal de la Federación, que era lo que les permitía condonar deudas fiscales.

 

En el caso de los Estados, como Puebla las condonaciones de impuestos y la exención de su pago por varios años, fueron prácticas que se dieron en forma sistemática durante el gobierno del finado ex gobernador Rafael Moreno Valle, justificadas en el hecho de atraer inversiones y crear fuentes de trabajo para los poblanos; sin embargo existe la queja de pobladores como los de San José Chiapa donde se instaló la planta de la armadora automotriz AUDI, que señalan que a la fecha han sido mínimos los beneficios para la población y que es casi nula la contratación de pobladores del lugar, ya que sólo se contrata a personal especializado.

 

Por ello, es de esperarse que con la llegada a la gubernatura de Puebla de Luis Miguel Barbosa Huerta, se revisen estas condonaciones y se investigue además si las empresas cumplieron con lo prometido; de no ser así valdría la pena cancelar dichos beneficios y obligarlas a pagar sus impuestos y contribuciones, siguiendo el ejemplo del Presidente López Obrador, poniendo fin a éstas prácticas del ejercicio del poder, que nos hacen pensar, que las empresas sólo benefician al gobernante que les dio tan preciada dádiva.

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*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

 

El Plan Nacional de Desarrollo se presenta en cumplimiento al artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se elabora de acuerdo con lo establecido en la Ley de Planeación, tiene como finalidad establecer los objetivos nacionales, las estrategias y las prioridades que durante la Administración deberán regir la acción del gobierno, de tal forma que ésta tenga un rumbo y una dirección clara.

 

Dicho documento, representa el compromiso que el Gobierno Federal establece con los ciudadanos y que permitirá, por lo tanto, la rendición de cuentas, que es condición indispensable para un bueno gobierno. El Plan establece los objetivos y estrategias nacionales que serán la base para los programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales que emanan de éste, así como , establecer y orientar todo el trabajo que realizarán las y los servidores públicos los próximos seis años, para lograr el desarrollo del país y el bienestar de las y los mexicanos.

 

Por lo anterior, es responsabilidad del Ejecutivo Federal conducir la planeación nacional, de acuerdo al plan de gobierno propuesto y enmarcado en la Ley de Planeación, donde el Presidente de la República debe diseñar el plan y luego remitir al Congreso de la Unión, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, posteriormente, el Poder Legislativo formulará, las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución, revisión y adecuaciones del propio Plan.

 

Asimismo, la Ley establece un plazo máximo de seis meses para elaborar, aprobar y publicar el PND, desde que asume la presidencia. Si bien, el plan considera una temporalidad acorde a la duración de cada gobierno, en 2015 se adicionó al artículo 21 de la Ley de Planeación, considerar una visión a largo plazo de la política nacional de fomento económico, con el fin de impulsar elementos permanentes al desarrollo nacional y al crecimiento económico, sostenido y sustentable. Para lograrlo, cada presidente deberá agregar y/o considerar elementos de largo plazo, con un horizonte de hasta 20 años para la política nacional de fomento económico.

 

La actual administración federal ha enviado ante el H. Congreso de la Unión, el documento que pretenden cumpla con la normativa enunciada anteriormente y groso modo está estructurado de la siguiente forma:

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, está regido por doce principios, a saber: 1. Honradez y honestidad; 2. No al gobierno rico con pueblo pobre; 3. Nada al margen de la ley, por encima de la ley nadie; 4. Economía para el bienestar; 5. El mercado no sustituye al Estado; 6. Por el bien de todos, primero los pobres; 7. No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera; 8. No hay paz sin justicia; 9. El respeto

 

al derecho ajeno es la paz; 10. No más migración por hambre y violencia; 11. Democracia significa el poder del pueblo; y 12. Ética, libertad y confianza.

 

Plantea tres ejes generales: 1. Justicia y Estado de Derecho; 2. Bienestar; y 3. Desarrollo económico; Tres ejes transversales: 1. Igualdad de género, no discriminación e inclusión; 2. Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública; y 3. Territorio y desarrollo sostenible, con cada uno de estos temas en estos ejes a cubrirse las necesidades de la población en México.

 

Sin embargo, el documento el cual va a convertirse en el instrumento rector de la política sexenal y que debe plantear el desarrollo de nuestra nación, tiene de contenido tan solo 68 paginas, carente de objetivos, líneas de acción, sistemas de evaluación de resultados, tan es así que dentro de la de la Comisión de Puntos Constitucionales aseguraron que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, no cumple con los requisitos básicos que establece la Ley de Planeación y señalaron que, solo se queda en un decálogo de buenos deseos que dicen el 'qué' pero no el 'cómo' llevar a cabo las acciones de Gobierno para que se cumpla a cabalidad con las promesas de campaña.

 

Este análisis evidencia, que la administración federal no ha entendido que, un plan de desarrollo nacional no es para repartir los recursos que se produzcan en el país, debe ser toda una estrategia integral para invertir en educación, salud, seguridad. infraestructuras como carreteras, hidroeléctricas, acueductos, y en aspectos específicos que son necesarios para el desarrollo de la nación, como un todo, de manera que toda la población y todos los sectores tengan iguales oportunidades y las mejores condiciones, para poder, por ellos mismos, progresar.

 

Es necesario, hacer un alto y reflexionar en el sentido de que, la campaña termino tres días antes del primero de julio de 2018, se necesitan acciones reales y posibles, envestidas de estrategia y proyección, es decir, llego la hora de gobernar, la retórica política hoy debe estar apartada de las acciones, en otras palabras los mexicanos necesitan ver resultados y sobre todo que se reflejen en su entorno y en sus economía familiar. De no lograrse lo anterior, el nivel de popularidad y aceptación con que llegó a la Presidencia López Obrador seguramente irá a la baja.

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“FIN AL CAOS EN EL SISTEMA PENAL MEXICANO.”

 

 

*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

La diversidad de Códigos Penales en México surgió a partir de la Constitución de 1824, donde al no reservarse la Federación la facultad de legislar en materia penal, facultó a cada entidad federativa a emitir sus propios códigos penales, y con ello comenzó un siglo de desorden, incongruencias, desigualdades y antinomias en la materia de Derecho Penal.

Lo anterior debido a que los diversos Códigos fueron elaborados con distintas bases y metodologías: unos tomaron como modelo los principios de la Escuela Clásica, plasmada en el Código Penal de 1871; otros los de la Escuela Positiva, que dieron origen al Código Penal de 1929; y unos más adoptaron los lineamientos del Código Penal de 1931; lo que sin duda originó todo un caos en el sistema penal mexicano.

Lo anterior dio lugar a que en ciertos Estados los aspectos negativos de los elementos del delito se regularan incorrectamente o bien no se regularan; que la misma conducta delictiva en algunos Estados fuera considerada como delito y en otros no lo fuera; o que la penalidad cambiara en unos Estados respecto a un mismo delito.

Es decir, la falta de eficacia de nuestro derecho penal estaba bien fundamentada y resultaba comprensible él porque estaba perdiendo la batalla para contrarrestar la creciente crisis delictiva que aqueja desde hace ya mucho tiempo a nuestro país.

Por lo anterior, resultaba evidente la necesidad de contar con un sistema de justicia penal homologado, el cual tuviera aplicación en todo el territorio y no permitiera que se formasen nichos de impunidad derivados de los tantos códigos penales que regulan las conductas reprochables tanto en el ámbito federal como en las distintas entidades.

Ante esta necesidad, el pasado 21 de mayo, en la Cámara de Diputados se llevó a cabo el foro “Diálogos y Perspectivas hacia un Código Penal Único. Una visión de Género y Derechos Humanos”, coordinado por la diputada Lorena Villavicencio Ayala, Coordinadora de la Subcomisión legislativa de Feminicidio y Violencia de la Comisión de Justicia, además de ser la responsable de Parlamento Abierto de Morena.

Dentro de este foro de discusión y análisis se contó con la participación de académicos, especialistas en materia penal de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Colegio de Profesionistas A.C. y de varias diputadas de diferentes partidos, concordando la totalidad de los ponentes en la necesidad y urgencia de crear un Código Penal Único para toda la República Mexicana.

Un Código Penal Único que pueda representar la oportunidad de coadyuvar con mejores instrumentos en cuanto a la impartición expedita de justicia, sobretodo en generar criterios uniformes en penas y tipificación de los delitos, como el feminicidio, aborto, secuestro, etc., así como, para de una vez integrar figuras delictivas de trato especial como los delitos cibernéticos.

Con lo anterior, México estaría dando un gran salto en cuanto a modernidad jurídica se refiere, ya que acabaría con el rezago que en la materia penal se tiene en comparación con otras naciones del Continente Americano, donde todas cuentan con un solo Código Penal, a excepción de México y Estados Unidos. Y ni se diga, sí dirigimos la vista hacia Europa, donde en la totalidad de los países rige un solo Código Penal, para cada nación.

Aunque pueden existir opiniones contrarias a esta iniciativa, como las que señalan que se vulnera la soberanía de los estados y que no se estaría atendiendo la problemática en cuanto a las causas de la mayor incidencia de delitos por regiones del país, también es cierto, que la situación actual que prevalece en cuanto a la existencia de un Código Penal para cada estado del país y la ciudad de México, ha permitido que la delincuencia se aproveche del caos que prevalece para lograr evadir la acción de la justicia y buscar los estados donde la penalidad es más baja para seguir cometiendo delitos al por mayor.

 

 

 

 

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*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

 

Resulta del escrutinio público, la apremiante crisis existente con respecto a la garantía y respeto de los derechos humanos dentro del Estado de Puebla, nuestro estado ha pasado a ocupar el quinto lugar a nivel nacional donde más quejas se presentan por hechos violatorios a los derechos humanos, solo por detrás de la Ciudad de México con 32 mil 174, Jalisco 19 mil641, Estado de México 11 mil 764, San Luis Potosí 7 mil 987 y Puebla con 7 mil 184 quejas, según datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

 

Aunado a lo anterior, en el periodo de 2015-2016, la entidad fuera el primer lugar nacional en quejas por violaciones a los derechos de presunción de inocencia, a la propiedad, a la libertad de pensamiento, a la libre expresión y a la libre reunión, según datos del Informe 2017/2018 de Amnistía Internacional, respecto a la situación de los derechos humanos en el mundo, donde el estado, concentra un 5.36 por ciento de las148 mil 947 que se presentaron en todo el país durante 2016.

 

Los anteriores datos, evidencian que en Puebla los derechos humanos han pasado a ser un aspecto que poco a interesado a los gobiernos pasados, por lo que no podemos ocultar la presencia de una autentica crisis de respeto y garantía, por casos que destacan como la recomendación por la violación grave número 2, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por los hechos ocurridos el 9 de julio de 2014, en donde integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), provocaron la muerte de un menor de 13 años, José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, como resultado de un enfrentamiento entre los elementos así como pobladores de Chalchihuapan, junta auxiliar de Santa Clara Ocoyucan.

O como el caso de Oswaldo Zamora Barragán, un menor de Petlalcingo, Puebla, resultó lesionado por la explosión de una granada de fragmentación de uso exclusivo del Ejército, la cual fue olvidada por los militares en el mismo campo en donde el pastoreaba, el cual hizo que puebla fuera señalada a nivel nacional como una entidad carente de estrategias normativas para hacer respetar los derechos humanos de los ciudadanos.

 

Por este y otros muchos casos, es que se hace imperante proporcionar por parte de los gobiernos auténticas alternativas de solución que nos permitan sacar a nuestro estado de esta crisis de respeto y garantía a los derechos humanos en que nos han dejado anteriores administraciones, donde lo más importante fueron los proyectos económicos por sobre cualquier política de apoyo a los ciudadanos.

 

Ante la anterior problemática el candidato a gobernador impulsado por la coalición “Juntos Haremos Historia en Puebla”, Luis Miguel Barbosa Huerta, durante el evento denominado “Diálogos por la Humanización de Puebla”, que se llevó a cabo en el auditorio José Antonio Corvera, del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla (ICI), afirmó que de ganar la elección del 2 de junio respetará los derechos humanos y defenderá, especialmente, a los habitantes de los pueblos originarios quienes constantemente son violentados en sus derechos, ante la defensa de sus tierras por proyectos de muerte.

 

Comprometiéndose a impulsar la Comisión Estatal para la búsqueda de Desaparecidos, además se pronunció porque el titular de la Comisión de Derechos Humanos sea una persona eficiente en su labor, sin sumisión al Poder Ejecutivo, como ocurrió con el actual titular Adolfo López Badillo.

 

Señalando que se tiene una gran oportunidad para que el estado y sus instituciones nombren a una mujer o a un hombre que sea verdaderamente autónomo e independiente, ya que el actual titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sometido a Rafael Moreno Valle, fue designado en 2012, ratificado en 2014 y termina su gestión el 29 junio del presente año.

 

De igual manera, se comprometió a crear el Instituto de los Pueblos Indígenas y de discapacitados del Estado, afirmando que dicho instituto tendrá su sede en lo que él llamo “El Castillo de la Pureza”, refiriéndose a Casa Puebla, desde donde su gobierno se encargará de garantizar que no habrá más infamias del estado sobre ninguna persona, habrá respeto absoluto a las garantías individuales, a todas las mujeres y hombres que estén en territorio poblano, hayan nacido o no en la entidad.

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“OTRA REFORMA EDUCATIVA.”

*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

La promesa realizada al gremio magisterial se cumplió, Andrés Manuel López Obrador, logro echar abajo la reforma educativa de Peña Nieto, el pasado quince de mayo, mediante decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3°, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa.

Con lo anterior, entran en vigor cambios sustanciales que impactaran la forma de brindar educación en todos los niveles escolares, siendo los más significativos, los siguientes:

1)      Desaparece el organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), quien era el encargado de evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del Sistema Educativo Nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Este organismo será sustituido por el Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación, quien contará con funciones más amplias de las que tenía el INEE en el sentido de que expedirá lineamientos para valorar tanto al sistema como a las autoridades educativas.

2)      Se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que será coordinado por un organismo público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

3)      Educación gratuita en todos los niveles, toda persona tiene derecho a la educación. El Estado (Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios) impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior.

En este rubro aparecen también por primera vez, la figura de "interés supremo" de la educación para las y los niños y los jóvenes, así como, se agregan los principios de integralidad, equidad y excelencia como principios básicos de la educación en la Constitución.

4)      Hace énfasis en la educación indígena, bilingüe y bicultural, resaltando la importancia de una educación diferenciada por regiones y direccionada a promover la formulación de contenidos diferenciados.

5)      Propugna por que la educación se base en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, y también se compromete a apoyar la investigación y la innovación científica, humanística y tecnológica. Además garantizará el acceso abierto a ella.

Con estos y otros cambios la reforma pretende contribuir a que el derecho a la educación sea, como lo ha reconocido el derecho internacional, el epítome de la indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos humanos, aquél que juegue un papel decisivo para garantizar el respeto a la dignidad de las personas; el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y el pleno goce de sus libertades fundamentales.

Solo queda pendiente por parte del Congreso de la Unión, expedir la Ley del Centro Nacional para la Mejora Continua de la Educación, a más tardar en un plazo de ciento ochenta días contados a partir de la fecha de publicación del Decreto.

Y aunque la reforma plantea avances significativos respecto de la de 2013, no debemos perder de vista que reformar la forma y no el fondo, hasta ahora, no ha significado el cambio esperado y prometido, que no podemos permitir que los esfuerzos realizados por el país en los años recientes, tales como un progreso significativo en la cobertura, el fortalecimiento de la profesión docente, el reconocimiento del derecho a una educación de calidad, entre otros, se pierdan.

Esfuerzos señalados por el estudio denominado Política Educativa de México 2018 (Education Policy Outlook Country Profile, para referencia en inglés), publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde realiza un análisis actualizado del estado que guarda la educación en México, con énfasis en las fortalezas, desafíos y las respuestas de política implementadas.

En su versión 2018, el informe de la OCDE pone énfasis en un conjunto de políticas impulsadas por el país que apuntan a importantes avances en el quehacer educativo, donde se destaca que el periodo de análisis coincidió con el lanzamiento de la Reforma Educativa de Peña Nieto y el inicio de su implementación, por lo que la mayoría de los hallazgos positivos estaban vinculados con sus ejes y prioridades.

En materia de equidad y calidad el informe apuntaba a que, si bien el desempeño de los estudiantes mexicanos aún presenta oportunidades de mejora comparado con otros países de la OCDE, los resultados en matemáticas han aumentado, en promedio, en 5 puntos cada 3 años entre el 2003 y el 2015 y los de ciencias se han incrementado en promedio en 1.7 puntos.

Asimismo, destacaba el progreso significativo en la ampliación de la cobertura en el nivel preescolar en México, ya que se había duplicado desde el 2005.

 

 

 

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