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PUNTOSSOBRELASÍES

¿QUIÉN SE COMIÓ AL PAN?

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RAMÓN ALBERTO GARZA/reporte indigo
@ramonalberto

 Ago 13, 2018
 Lectura 3 min
 

Pasada la masacre electoral del primero de julio en la que Morena aplastó con el 53 por ciento de las preferencias electorales, los otros partidos destapan el reparto de culpas y anuncian -desde la desesperación- sus refundaciones.

El pasado fin de semana le tocó al PAN hacer el recuento de sus daños, en una catarsis de nueve horas en las que desfilaron decenas de oradores apuntando culpables y proponiendo mágicas fórmulas para el relanzamiento.

Pero mientras ninguno de los jerarcas panistas reconozca que la gran derrota 2018 está mas allá del horizonte de una alianza, mal operada por su líder Ricardo Anaya, el debate será estéril.

Al PAN se lo comió aquel primer acuerdo de 1976 en el que sus patrocinadores empresariales pactaron con el PRI para retirar a su candidato Pablo Emilio Madero y dejar solo en la boleta a José López Portillo.

Al PAN se lo comieron las concertaciones en el sexenio de Carlos Salinas, cuando, tras los jaloneos de la elección de 1988, se gestaron muchos gobernadores panistas, incluido Vicente Fox.

Al PAN se lo comieron Vicente y Marta Fox, quienes traicionaron el Sexenio del Cambio al convertir la acogedora cabaña presidencial de Los Pinos en el epicentro de sus incestuosas relaciones con el nunca desmantelado PRI. Fueron comparsa y fachada.

AL PAN se lo comió el pactó fundacional del PRIAN que, de la mano de Elba Esther Gordillo y de Carlos Romero Deschamps, llevaron en el 2006 a Felipe Calderón a la presidencia. La prioridad era frenar al perredista Andrés Manuel López Obrador.

Al PAN se lo comió el pacto que los panistas Fox y Calderón hicieron con Joaquín “El Chapo” Guzmán para hacer de su cártel el monopolio de la droga, un acuerdo que bañó de violencia, corrupción y sangre –y no precisamente azul- a la nación entera.

Al PAN se lo comieron los evidentes negocios que se destaparon en los sexenios azules, desde el cierre del Fobaproa, las aduanas, la compra de gas natural y la tecnología de seguridad, entre muchos, fueron alimentados por los apellidos Sahagún, Bribiesca, Mouriño, Gil Díaz, Herrera y García Luna.

Al PAN se lo comió el cumplimiento del acuerdo del Pacto 2006 que devolvió Los Pinos al PRI, que instaló a Enrique Peña Nieto en la presidencia, con quien cogobernaron bajo los apellidos Cordero y Gil Zuarth.

Al PAN se lo comió su papel de comparsa principal en los acuerdos para las llamadas reformas estructurales, necesarias sin duda, pero que terminaron en destinos muy alejados de lo que se buscaban.

Al PAN se lo comió su papel de comparsa principal en los acuerdos para las llamadas reformas estructurales, necesarias sin duda, pero que terminaron en destinos muy alejados de lo que se buscaban.

Al PAN se lo comió la maldición que predijo Carlos Castillo Peraza, el último de sus ideólogos: por ganar el Gobierno, vamos a perder al Partido.

Y ese color azul, que por décadas significó la esperanza de un equilibrio político, acabó sepultado por los colores rojo y verde, no precisamente del PRI.

El rojo, por el baño de sangre en el que hundieron a México; y el verde, por el color de los dólares que, al igual que al PRI, los convirtieron en cómplices de la más impune corrupción.

Culpar sumariamente a Anaya es lo sencillo. Pero si acaso el Joven Maravilla es solo la última mordida de un PAN hecho migajas.

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Darío Celis/Poder y Dinero

 

Fue el 6 de mayo del 2017, en el T-Mobile Arena de Las Vegas, donde se acordó rescatar financieramente a Luis Miguel Gallego Basteri. Esa noche estaba peleando Saúl El Canelo Álvarez contra Julio César Chávez Jr.

Miguel Alemán Magnani, amigo entrañable del cantante, abogaba por él.

Con cuatro requerimientos ignorados, Luis Miguel estaba a punto de ser detenido para ser presentado ante la autoridad de Los Angeles por una demanda de diez millones de dólares que le interpuso Warner Music Group, que preside Stephen Cooper, tras cobrar e incumplir la grabación de cuatro discos.

Alejandro Fernández, El Potrillo, también lo tenía demandado por alrededor de 4.5 millones de dólares. En 2015 ambos acordaron la gira conjunta Passion Tour que arrancaría en abril de 2016. El hijo de Vicente Fernández dio un adelanto para los preparativos, pero Luis Miguel se echó para atrás.

Por si todo lo anterior no fuera suficiente, un productor de vino de la zona de Baja California también le requería el pago de aproximadamente tres millones de dólares más. Luis Miguel había tocado fondo. A finales del 2015 se encontraba endeudado, demandado, cansado y desprestigiado.

Al borde de la cárcel, Alemán Magnani lo sacó del atolladero. Fue el dueño de Interjet, amigo desde la década de los ochenta, quien le quitó de encima deudas y demandas. Pagó los 10 millones de Warner y liquidó la deuda de 4.5 millones de El Potrillo.

Puso a la disposición de Luis Miguel al avezado abogado Rafael Heredia, el famoso penalista que defendió a José Antonio Zúñiga en el caso que dio lugar a la cinta Presunto Culpable, que pondría en evidencia las fallas estructurales de nuestro sistema de impartición de justicia.

De vuelta a la arena T-Mobile, en la pelea de El Canelo y Julio César Chávez Jr. estaban el financiero regiomontano Carlos Bremer, presidente del Grupo Value, y Carlos Slim Domit, presidente de América Móvil. Miguel Alemán Magnani les habló de un negocio que quizás les interesaría.

La estructura era muy sencilla: invertir cada uno cinco millones de dólares y en un plazo menor a dos años recuperar su capital más intereses 5% arriba de lo que ofrecía cualquier fondo. Bremer, Slim y el mismo Canelo no lo dudaron. El negocio se llamaba Luis Miguel.

Al final se depositarían en un fideicomiso 15 millones de dólares, que eran las participaciones a partes iguales del propio Alemán, Bremer y Slim, más tres millones del artista. La aportación del púgil de Sinaloa ya no fue necesaria, pero se reconoce su apoyo al intérprete de “No culpes a la noche”.

¿Sin embargo, cuál era la fuente del repago que Alemán ofreció? La columna vertebral era una serie que contara la vida de Luis Miguel, misma que catapultara su imagen y lo regresara a los primeros planos del mundo del espectáculo con giras exitosas en México, Estados Unidos y Centro y Sudamérica.

Estando en Los Angeles, a mediados de ese mismo 2016, Alemán convenció a Luis Miguel de que permitieran recrear su vida en una serie. Ya para entonces estaban por salir las vidas de José José, Lupita D’Alessio, Juan Gabriel y Jenny Rivera. “De que la cuente alguien a que la cuentes tú mismo”, le dijo.

Pedro Torres, el afamado productor que realizó el icónico video de La Incondicional, ya lo tenía en la mira. El exesposo de Lucía Méndez traía atrás a Televisa, el consorcio de Emilio Azcárraga Jean. Estuvieron a un tris de quedarse con el proyecto, de no haber sido porque MGM compró los derechos discográficos.

Luismi aceptó la propuesta con la única condición de que él, su amigo de toda una vida, directamente cuidara la realización de su historia. Así, se crea a finales de 2016 Gato Grande Productions, la casa que produciría a partir de 2017 Luis Miguel La Serie, que justamente acabó su primera temporada el domingo pasado.

La empresa es 50% de Mark Burnett, presidente de Televisión y Contenido Digital de MGM, y el 50% de un grupo de mexicanos encabezados por el mismo Alemán Magnani, Antonio Cue Sánchez Navarro y José Luis Ramírez Magnani. La serie fue supervisada en su realización por Carla González Vargas.

Gato Grande firmó con Netflix, de Reed Hastings, y Telemundo, que comanda César Conde, como plataformas de lanzamiento de la serie que inició en abril. Televisa acaba de adquirir los derechos para la televisión abierta y arrancará en el primer semestre de 2019.

Se estima que la producción costó 13 millones de dólares, un millón por capítulo, y es muy probable que venga una segunda temporada y quizás hasta una tercera. En septiembre próximo, el de “La chica del bikini azul” terminará de pagar el total de sus deudas y dará dividendos a Alemán, Bremer y Slim.

 

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Por Alejandro Mondragón

El ex gobernador Rafael Moreno Valle contrató los servicios del influyente despacho de Peter Bauer, para conseguir la calificación de su esposa como gobernadora electa ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Este grupo defiende los intereses de Carlos Slim, opera como cabildero ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Cámara de Diputados federal.

Con Peter Bauer a la cabeza, hay otros personajes que tienen como obligación lograr 4 de los 7 votos que se requieren en el TEPJF para echar abajo la impugnación de Luis Miguel Barbosa, el candidato de Morena, PT y PES.

Se trata de sus socios: Roberto Gil Zuarth, senador del PAN y candidato a la presidencia nacional del blanquiazul, lo que confirma su papel de palero de Moreno Valle contra Ricardo Anaya.

Y aparece también Pablo Escudero. El senador con licencia por el Verde Ecologista es yerno del ex líder nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, lo que revela una sospechosa alianza con el morenovallismo.

Bauer, Gil y Escudero cabildean directamente en el TEPJF para obtener 4 de los 7 votos. No importa cómo, se trata de sacar adelante Puebla para Moreno Valle.

El despacho cobrará no menos de 6 millones de dólares por sus servicios, nada más que Bauer en realidad tendrá que sacar 4 de 6 votos, porque uno quedaría invalidado.

 

Resulta que el magistrado José Luis Vargas tendrá que excusarse porque su hermana es esposa de Peter Bauer Mengelberg.

Y es disposición que los integrantes del Tribunal se excusen de intervenir en los asuntos que tengan interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos, o por afinidad hasta el cuarto grado o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones laborales.

Moreno Valle mantiene la presión permanente en los magistrados, de ahí que “Barbosa va perdiendo” queda en las plumas morenovallistas.

 

Se prevé que hasta mediados de noviembre haya una resolución definitiva del TEPJF sobre el caso Puebla.

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Raymundo Riva Palacio

El escándalo por el fideicomiso creado por Morena para ayudar a los damnificados por los sismos en el centro y sur del país el año pasado, jamás hubiera alcanzado sus niveles actuales de haberse quedado callado Andrés Manuel López Obrador, quien sigue escalando su beligerancia. ¿Por qué no dejó que los representantes de Morena litigaran en tribunales contra la multa de 197 millones de pesos que le fijó el Instituto Nacional Electoral por el uso ilegal de recursos para fines privados? Su voz potenció un tema que por semanas le importó poco a la sociedad y lo colocó en un aparador.

La reacción de López Obrador es consecuente con su eterna postura moral y principista. Por ello, su defensa no ataca el fondo de la resolución, sino la percepción que de este emana: que no es un político honesto, que miente, y que lastimó a aquellos sectores a quienes ofreció proteger. Esto no podía dejarlo pasar. De ahí la renovada acusación que se trata de un “complot”. En el horizonte apareció la pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre ese fideicomiso, el Pemexgate, Amigos de Fox y Monex?

Lo primero que habría que ver es lo que la resolución del INE no dice, y lo que representa para el resultado de la elección presidencial. Primero, el INE nunca afirma que el dinero del fideicomiso para los damnificados fue utilizado para las campañas electorales, que es en donde se ha centrado la respuesta de los principales líderes y figuras de Morena. Es decir, el alegato es una cortina de humo que busca llevar la discusión pública a un terreno inexistente, pero fértil para el debate. Presentar en medios de comunicación a damnificados del sismo que recibieron dinero del fideicomiso, les permite construir la realidad alterna de que el INE miente, que lo ataca junto con el gobierno, y que se evapore la imputación de deshonestidad.

Lo segundo es que la multa no modifica el resultado electoral porque no hay afectación de equidad, ni rebase a los topes de campaña, ni existe una diferencia menor al 5% entre el primero y el segundo lugar. O sea, López Obrador va a ser presidente de México a partir del 1 de diciembre. Lo que sí establece el proyecto de resolución de 154 páginas, es que López Obrador mintió y reconoció haber violado la ley electoral:

1.- El 20 de septiembre de 2017, López Obrador, entonces dirigente de Morena, anunció que donaría el 50% de la prerrogativa federal (dinero de contribuyentes) que recibiera Morena para sus gastos de campaña en 2018. El 22 de abril de este año, durante el primer debate presidencial, aseguró que Morena había ido destinando el financiamiento público a un fin distinto de su objeto. En ese momento, dijo que 72 millones de pesos de los contribuyentes se había dedicado unilateralmente a promover la ayuda a damnificados.

Esto contraviene el artículo 41 constitucional, que garantiza el derecho a los partidos de recibir financiamiento público destinado “al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales”, así como el artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos que prevé que es obligación de ellos “aplicar el financiamiento de que dispongan para los fines que les hayan sido entregados”. El reconocimiento del destino de los recursos públicos para fines distintos a lo que le establecía la ley, lo hizo explícitamente admitir que estaba violando la ley y declarase culpable de ello, con un lenguaje político que arropaba una acción noble de su parte.

2.- El 25 de septiembre se formalizó el fideicomiso “Por los Demás”, donde el INE probó vínculos y subordinación de sus fundadores con el entonces presidente de Morena, quienes se encargaron de designar a las personas que serían las beneficiarias de los recursos con los cuales contara el fideicomiso. El Comité Técnico que fue creado para esos fines, instruyó a la fiduciaria, en contravención también con lo estipulado en el mismo contrato del fideicomiso, que entregara los recursos del fideicomiso a terceros que no eran “sujetos de apoyo” y que eran, a su vez, personas ligadas a ese partido. Ninguno de ellos se encontraba en el padrón de damnificados que elaboró la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial  y Urbano.

Estos dos puntos golpearon por debajo de la línea de flotación de López Obrador, que toda su vida pública se ha presentado como el ejemplo de la moral y la honestidad. No es la primera vez que queda atrapado en la contradicción de su discurso con los hechos. En la campaña presidencial de 2012, el PRI –como ahora lo hizo con la denuncia sobre el fideicomiso-, señaló que la asociación civil que había creado en 2006, Honestidad Valiente, había incumplido con sus obligaciones fiscales y ocultado por años el manejo de recursos, dejando abierta la sospecha de que se trataba de un financiamiento paralelo para su campaña presidencial. López Obrador lo negó fehacientemente, pero la fue sacando del ojo público hasta desaparecerla.

Seis años después está metido en un embrollo similar pero con factores objetivos mucho más delicados. Uno es la sospecha que lucró políticamente con los sectores más afectados, en ingreso y por la tragedia, que éticamente sería imperdonable. Otro es que no es un candidato perdedor, sino el próximo presidente de México, por lo que la sospecha de financiamiento alterno a su campaña presidencial, como lo hicieron el PRI y el PAN en el pasado, que ronda por la mayoría de las páginas del expediente del INE, está sobre su cabeza. Contra ello es su incendiaria ofensiva.

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Por Alejandro Mondragón

El rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz cabildea -a través de algunos operadores en la izquierda cercana a Andrés Manuel López Obrador- la opción de convertirse en el gobernador interino, en caso de que se anulen las elecciones del pasado 1 de julio en Puebla.

El equipo cercano a Esparza que maneja su pareja Isabel Hermoso está más que entusiasmado, al grado que ya tienen al interino para la BUAP: Ygnacio Martínez Laguna, vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado, área por donde se localiza un escándalo de empresas fantasmas que facturan millones mensuales a la institución.

Es la hora que Esparza no se ha sumado al proyecto de la gobernadora electa, Martha Érika Alonso. Es más, se ha alejado del morenovallismo para evitar vetos de parte de la nomenclatura de Morena 

Con Morena dispuso en la pasada campaña de la estructura y recursos de la BUAP para respaldar a Claudia Rivera por la alcaldía de Puebla.

Un personaje que coadyuva en su interés por perfilarlo, ante una anulación de las elecciones que obliga a un gobernador interino, es precisamente Carlos Figueroa Ibarra, secretario de DDHH del CEN de Morena.

¿Qué sabrá Esparza que desconocemos los poblanos para cabildearse como gobernador interino?

Ahora se quiere pasar como un personaje confiable para todos, pero en realidad ha sido un empleado del morenovallismo.

¿Le sacará el ex gobernador de Puebla el expediente del asesinato de Samuel Malpica?

Los argumentos del equipo de Esparza sobre ser la carta para el interinato en Puebla, parten de que un universitario ya ha ocupado esa posición en resoluciones electorales.

Ahí están los casos de Ramón Pérez Díaz, catedrático de la Universidad de Colima en 2015.

Salvador Jara Guerrero rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) en 2014.

En ese mismo año, el gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, se tituló como licenciado en Sociología con especialidad en Historia, en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), en donde también fue dirigente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Guerrero (FEUG).

En Veracruz, el interino de Javier Duarte fue Flavino Ríos, catedrático de la Universidad de Veracruz.

La ambición de Esparza es absoluta, reniega del morenovallismo y cree que en Puebla no se saben las pillerías de él y su grupo con las finanzas universitarias.

En una de esas, López Obrador le cree.

 

A ver qué dice Martha Érika Alonso de la puñalada trapera de un supuesto aliado.

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Puebla-Barbosa: ganar estilo AMLO lo que perdió estilo INE

 

En las elecciones para gobernador en Puebla el candidato triunfador y próximo presidente constitucional de México, Andrés Manuel López Obrador, va a probar si respetará las reglas del sistema electoral o seguirá siendo el agitador social que impondrá sus propias reglas del juego político.

 

Las mismas elecciones en las mismas casillas están siendo diferenciadas por el candidato a gobernador por Morena en Puebla, el ex perredista y hasta hace poco furioso anti López Obrador, Luis Miguel Barbosa: un fraude en las actas en una de seis elecciones simultáneas. Sin embargo, hasta ahora no se han presentado pruebas sobre esa acusación y los seguidores de Barbosa quieren ganar, como en los viejos tiempos de López Obrador como agitador social, en las calles y con insultos en los medios.

 

El camino más fácil de los ‘barbosistas’ estaría en la presentación física de las supuestas actas reales y las alteradas. El análisis de los resultados oficiales en Puebla de la elección presidencial, la de gobernador, de senadores, de diputados federales, de diputados locales y de alcaldes mantienen una consistencia en la correlación de datos y Barbosa dice que hubo fraude sólo en su elección y no en las demás.

 

El problema de Barbosa radica en que no pudo entregarle buenas cuentas a su nuevo líder moral, López Obrador, sobre todo para borrar los insultos que como perredista hasta hace poco le endilgó al caudillo de Morena. López Obrador ganó en Puebla un millón 445 mil 355 votos (57.15 por ciento), en tanto que Barbosa apenas pudo conseguir un millón 27 mil 310 sufragios (33.93 por ciento); es decir, los poblanos no lo quieren como a López Obrador.

 

Pero igual le ocurrió al PAN: la candidata PAN-PRD-MC, Martha Erika Alonso, acumuló un millón 152 mil 125 votos (38.05 por ciento), en tanto que el candidato presidencial de esa misma coalición Ricardo Anaya apenas pudo juntar 505 mil 246 votos (19.97 por ciento); si acaso la candidata PAN-PRD-MC hubiera hecho fraude, de alguna manera también le hubiera echado algunos votos más a su candidato presidencial.

 

López Obrador ya manchó no sólo el proceso electoral poblano, sino el suyo, porque se trató de la misma elección y porque calificó a Barbosa de ‘gobernador legítimo’ antes de haber terminado el conteo legal de votos y dijo que “para nosotros el gobernador es Barbosa”. Por tanto, López Obrador va a convertir a Puebla en la definición de su presidencia absolutista que no toma en cuenta los resultados legales y legítimos de las autoridades electorales federales y estatales

 

La señal que manda López Obrador es preocupante porque de ahora en adelante todos los candidatos de Morena a gobiernos estatales no se preocuparán por hacer campaña ni acumular votos legales, sino que se esperarán a que su presidente de la República los erija como gobernadores legítimos al margen de los votos.

 

Barbosa adelantó el estilo político del presidente López Obrador a partir de ahora: ganar por decisión del presidente-caudillo y no por las instituciones. Con Puebla, el sistema político podría regresar a los tiempos de Plutarco Elías Calles o el tabasqueño Tomás Garrido Canabal, cuando las elecciones se ganaban desde la presidencia y no en las urnas y a través de la violencia social.

 

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Política para dummies: La política es el territorio de las disputas por el poder, bajo la demagogia del pueblo.

Si yo fuera Maquiavelo: “El príncipe que conquista semejante autoridad (que sus fallas sean irrevocables) es siempre respetado, pues difícilmente se conspira contra quien, por ser respetado, tiene necesariamente que ser bueno y querido por los suyos”.

 

Sólo para sus ojos:

Recuerde revisar todos los días el sitio www.seguridadydefensa.mx para enterarse de los juegos geopolíticos de poder.

Adquiera vía mercado libre el libro ‘La crisis de México… más allá del 2018’, de Carlos Ramírez, para entender lo que viene después de las elecciones https://buff.ly/2KeacRi y en las librerías Porrúa de todo el país.

Algunas voces sensatas han aconsejado a López Obrador salirse de la línea de fuego del caso del fideicomiso para damnificador de Morena y aceptar el pago de la multa. El INE tiene pruebas contundentes que irá soltando como respuesta a cada insulto del candidato triunfador. Pero el tabasqueño no entiende razones.

La victoria de Claudia Sheinbaum en Ciudad de México se irá desinflando por la medio cridad de sus propuestas y equipo. A la capital le esperan días peores.

Famosas últimas palabras: “No se trata de vilezas; se trata de evidencias”: consejero electoral Marco Antonio Baños a las denuncias de López Obrador sobre el fideicomiso para damnificados.

 

http://indicadorpolitico.mx

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@carlosramirezh

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Raymundo Riva Palacio

Las encuestas de salida de las elecciones para gobernador a Puebla el 1 de julio, daban ventaja al candidato de Morena, Miguel Barbosa, sobre la candidata del PAN, Martha Erika Alonso, esposa del ex gobernador Rafael Moreno Valle. Alrededor de cuatro puntos daban la victoria a Barbosa, según las encuestas de salida, que se fueron evaporando al avanzar el programa de resultados electorales, hasta que esos datos le dieron la victoria a su adversaria. “Fue muy extraño”, admite un experto en opinión pública, “porque nunca se había registrado que un candidato opositor que encabezara las encuestas de salida, terminara perdiendo”.

De hecho, es tan raro lo que ahí sucedió, que el cuadernillo de operaciones, mediante el cual las autoridades electorales realizarían el conteo rápido, que siempre coincide con el PREP, diera un ganador diferente al que salió. Barbosa ha impugnado el resultado electoral, aunque Morena y el candidato triunfador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, sin haberlo abandonado, tampoco han insistido tanto en que hubiera una irregularidad electoral.

Los incidentes violentos tras la jornada electoral, no han permitido reflexionar fríamente lo que sucedió. Pero un profesor de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y doctor en Matemáticas, Arturo Ederly, hizo un ejercicio que resultó muy ilustrativo sobre las anomalías e inconsistencias que se registraron aquél domingo en Puebla. Ederly analizó estadísticamente tres conjuntos de datos con la información del conteo rápido realizado por el Instituto Nacional Electoral, el Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto Electoral poblano, y los cómputos distritales que realizó el mismo órgano electoral estatal.

El análisis que elaboró fue publicado en días pasados en la red, donde explicó que una vez que cerró cada casilla la votación, los funcionarios de la casilla contaron los votos y escribieron los resultados en el llamado cuadernillo de operaciones, cuya información fue enviada al INE para la estimación del conteo rápido. Posteriormente, agregó, transcribieron los datos en el acta de escrutinio y cómputo, que alimentaron al PREP y los cómputos distritales del órgano electoral estatal.   

“En condiciones ideales, la información de las casillas de la muestra para el Conteo Rápido del INE debiera ser exactamente igual a la de esas mismas casillas, tanto en el PREP como en los Cómputos Distritales del IEEP”, agregó Ederly. “En condiciones más realistas, de haber errores en la transcripción, transmisión y captura de la información, sería de esperarse, al menos, que dichos errores sean aleatorios y por tanto que no puedan influir significativamente en el resultado final de los cómputos distritales. ¿Qué ocurrió en la elección de gobernador de Puebla en 2018?”.

El análisis reveló anomalías relevantes que, cuando menos, arrojan sospecha sobre el proceso electoral y la victoria de Alonso. Ederly encontró un desbalance “preocupante” en la muestra para el conteo rápido en dos de los 26 distritos electorales, el 1 y el 26, donde no hubo balance entre casillas urbanas y no urbanas, y el número de casillas por estrato tampoco fue proporcional. Esto, a decir de Ederly, produjo una muestra aleatoria que no fue representativa, cuyo desbalance tampoco fue mencionado en el informe del Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido, “lo que pone en tela de juicio la confiabilidad de las estimaciones”.

Ederly revisó la información de 372 casillas –el mínimo estadístico necesario para el ejercicio- que le proporcionó el INE al Comité, que debía coincidir con la información de esas mismas casillas en los cómputos distritales. Sin embargo, en su análisis encontró siete casillas cuya información recibió el INE para el conteo rápido, que en los cómputos distritales aparece en cero votos para todos los candidatos o con la etiqueta de “información no disponible”, que lo llevó a comparar los resultados en las 365 restantes.

“La información muestra incrementos porcentuales inexplicables en el IEEP para todos los candidatos excepto para el segundo lugar (Barbosa), cuando idealmente en todos los casos esa diferencia porcentual debiera ser cero, o en su defecto muy cercana a cero”, subrayó. “Si en un momento dado le creemos más al INE que al IEEP, y hacemos el ajuste porcentual correspondiente para el total de votos obtenidos en los cómputos distritales del IEEP, se obtiene que un total de 41,147 votos estarían incorrectamente acreditados a los distintos candidatos.

“Si bien en la votación total la candidata Alonso supera a Barbosa, Alonso pierde por poco en la votación urbana, pero gana por una cantidad mucho mayor en la votación no urbana. Sin embargo, al realizar nuevamente los cálculos de voto promedio por casilla, tanto en la muestra recibida por el INE como en la parte que no recibió… persiste un efecto de diferencia positiva (inexplicable) a favor de la candidata Alonso en ambos casos.

“Tal pareciera que del cuadernillo de operaciones al acta de escrutinio y cómputo algo pasó, especialmente cuando la información del cuadernillo de una casilla en la muestra del INE por alguna razón no llegó al INE. Y se trata de algo que, de ser sistemático en todas las casillas, sí sería de suficiente tamaño como para que cambie el ganador de la elección”.

 

Ederly comparó la información de dos órganos electorales diferentes, el federal y el estatal, donde los poblanos mostraron discrepancias “indebidamente favorecedoras” a Alonso. El matemático propuso que para despejar dudas sobre la elección, lo pertinente sería un recuento total de votos o, en su defecto, una muestra estadísticamente representativa de casillas. Como están las cosas en Puebla, la propuesta de Ederly es una buena idea.


Nota: Esta columna dejará de publicarse la próxima semana.

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Por Alejandro Mondragón

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ya lo sabe. Se lo informó personalmente su hijo y operador político.

Andrés Manuel López Beltrán fue enviado directamente a Puebla, tras los comicios y el zafarrancho en el hotel MM, para corroborar si hay pruebas del fraude electoral.

Yeidckol Polevnsky, líder nacional de Morena y el hijo del tabasqueño son los más cercanos a Luis Miguel Barbosa; fueron quienes lo invitaron a renunciar al PRD.

Así que no había mejor embajador ante los titubeos de Yeidckol en los medios nacionales sobre el caso Puebla.

Y el hijo le dijo al padre: “Pá, no hay pruebas del fraude electoral en Puebla”.

Jurídicamente no se tienen todas las actas que acreditan la victoria de Barbosa a la gubernatura, porque tampoco se cubrió la totalidad de las casillas.

Quizá eso explique que el punto toral de la impugnación contra el triunfo de Martha Érika sea el asunto del rebase de los topes de campaña.

“Martha Érika sería la gobernadora”, subrayó.

 

Lo que también aportó fueron datos duros sobre lo que ocurrió en torno al proceso electoral y que ha sido evidencia en medios y observadores: robo con violencia de urnas, intimidación a funcionarios de casilla, manejo irregular de paquetes electorales, contradicción en las cifras oficiales, se infló la votación, fallaron los protocolos de seguridad para vigilar los comicios, se pudo haber clonado el PREP y alterar las sábanas con el cómputo afuera de los centros donde sufragaron los poblanos.

Y en realidad lo que se tiene es la vox populi: Moreno Valle manipuló la elección para que ganara su esposa.

Pero esa afirmación es igual a la de Salinas mandó a matar a Colosio; Mario Marín es el culpable del Lydiagate; y Peña Nieto llegó a la presidencia con sobornos de Odebrechet.

Eso se dice en todos lados, pero la verdad jurídica es otra.

Se requieren pruebas, aunque quienes históricamente como villanos políticos ganan la verdad legal, en los hechos terminan arrinconados en el descrédito social y la protesta popular.

El punto es que el caso Puebla alcanzó su nivel más alto de escándalo nacional, cuya resolución se dará por la vía política.

Quizá por eso las reuniones de Porfirio Muñoz Ledo con magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

López Obrador no va querer perder esta jugada electoral, porque sabe que si Rafael Moreno Valle, a quien considera un perverso, se sale con la suya se lo enfrenta dentro de seis años.

 

Qué le parece.

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Raymundo Riva Palacio/Eje Central

El Pemexgate fue un esquema de financiamiento alterno del sindicato de Pemex, con dinero público, que ayudó a financiar la campaña presidencial del candidato del PRI, Francisco Labastida, en 2000. Amigos de Fox fue una asociación civil creada en 1999 para triangular recursos privados que apoyaran, de manera ilegal, la campaña presidencial de Vicente Fox. El Caso Monex se refiere a cómo a través de dos empresas se armó un andamiaje financiero para canalizar recursos a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, a través de tarjetas bancarias del banco Monex.

Los tres forman parte de cómo, en busca del poder, los políticos rompen con la ley en busca de un objetivo ulterior. Durante años, Andrés Manuel López Obrador denunció este uso ilegal de recursos, y llegó a pedir la anulación de la elección de 2012. Hoy, paradojas de la vida pública, se encuentra atrapado en el mismo dilema: ¿la fundación que creó Morena para ayudar a los damnificados de los sismos de 2017 en el centro y sur del país, fue una red de financiamiento ilegal para su campaña presidencial?

Hasta este momento, de acuerdo con la investigación del INE sobre el fideicomiso “Por los Demás”, no se puede documentar que el fraude a la ley que cometieron militantes y simpatizantes de Morena al utilizar de manera ilegal recursos públicos para fines privados, hubiera terminado en las campañas de López Obrador o de los candidatos a puestos de elección popular. “Por lo que hace a los egresos”, señala el proyecto de la resolución que sustentó la multa por 197 millones de pesos por haber utilizado irregularmente recursos públicos, “el destino final de los mismos no pudo ser rastreado, pues al convertirse en dinero en efectivo por personas vinculadas a Morena, quienes tuvieron su control, hacen inviable para esta autoridad conocer fehacientemente en qué fueron utilizados”.

Sin embargo, dejó abierta esa puerta. “La utilización de un mecanismo de financiamiento alterno a partir de la constitución de un fideicomiso se tuvo por acreditado a partir de un análisis que trasciende los límites formales del contrato del fideicomiso”, dice el proyecto de la resolución. “La materialización y operación del fideicomiso no pudo haberse dado sin la instrucción realizada por el entonces dirigente del partido (el 20 de septiembre), la orden de su Consejo Nacional (en sesión extraordinaria tres días después), y su puesta en práctica por los diversos sujetos vinculados al partido político (el 25 de septiembre se constituyó en Banca Afirma el instrumento del fideicomiso “Por los Demás”)”.

Originalmente, Morena detalló en un boletín del 3 de octubre que se iba a hacer una dispersión de “apoyos” de dos mil 400 pesos a cada uno de las 45 mil personas damnificadas en 325 municipios y delegaciones en ocho entidades, que sumarían 103 millones de pesos, la mitad de las prerrogativas para la campaña presidencial de 2018. La operación del fideicomiso ha sido difundida profusamente por el INE y los medios de comunicación, donde sobresalen las contradicciones al contrato del fideicomiso por tolerar depósitos de recursos en efectivo.

Durante 7 días, entre el 26 y el 29 de diciembre y el 23, 27 y 28 de marzo pasados, se realizaron depósitos por 19 millones 736 mil 222 pesos en efectivo, que representa el 44.44% del total de recursos que ingresaron al fideicomiso en 16 sucursales de Banco Afirme. Del 26 al 29 de diciembre se realizaron otros depósitos en efectivo por 14 millones 733 mil 822 pesos, que representan el 33.71% del total de los recursos. El modus operandi de los depósitos fue haberlos realizado con diferencia de segundos en diversas sucursales, por un total aproximado de 20 minutos. Esta acción sistemática consistía en que nueve personas entregaban a dos cajeros 28 depósitos en total, en las sucursales analizadas, por 50 mil pesos cada uno. Los egresos fueron a través de 171 cheques, de 120 mil pesos a un millón 53 mil 120, cobrados por un número similar de personas que no estaban en el padrón de damnificados, que eran funcionarios, diputados federales y locales, o candidatos a puestos de elección popular de Morena.

Esto fue, en palabras del INE, “un sistema orquestado de organización y de maquinación necesariamente dirigido”, dentro de “un entramado de simulación y fraude a la ley”, donde no hay certeza del origen de las aportaciones de los militantes. Este tema, sin embargo, tiene músculo para crecer. Si el caso camina del órgano electoral a la autoridad judicial, se podría configurar los presuntos delitos de lavado de dinero, por hacer uso de recursos de procedencia desconocida, y por delincuencia organizada, al estar dos o más personas actuando en coordinación para cometer un ilícito.

 

El INE no llegó a ese nivel de imputación –no es su función-, pero admitió la imposibilidad de rastreo de esos recursos sobre el destino o fin que tuvieron. En todo caso, apuntó que la sistematicidad y encadenamiento de conductas, los llevaron a advertir que “se estaba frente a un esquema operado por y en beneficio” de Morena, que nunca perdió el control en la instrumentación y manejo del fideicomiso. La opacidad castigada por el INE arroja incertidumbre sobre el uso de esos recursos, pero quizás de manera más delicada, sobre el origen de los mismos. Se abre de esta manera la posibilidad de que se denuncie a Morena en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, con lo que la vena penal quedaría encaminada a perseguir al nuevo gobierno de López Obrador.

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Mientras usted lee esta columna, se está llevando a cabo la reunión más importante entre un equipo de transición de un presidente electo y el gobierno de los Estados Unidos: Mike Pompeo, secretario de estado, el yerno de Trump, Jared Kushner, quien hasta ahora ha sido el enlace entre el presidente norteamericano y Luis Videgaray, visita a López Obrador y Ebrard. También estará la Secretaria de Seguridad Interior, Krijsten Nielsen y el secretario de seguridad del próximo gobierno, Alfonso Durazo.

Muchas cosas están en juego, particularmente el tono con el que se conducirán en un futuro próximo las relaciones diplomáticas bilaterales, algo crucial, con independencia del impredecible Trump y su agenda ultra, disfrazada de desparpajo y caos. Poco a poco el presidente republicano ha ido imponiendo su agenda, nombrando jueces y magistrados de la Suprema Corte, modificando y derogando todos los avances de la política de Obama, lo mismo en salud que en medio ambiente, educación o derechos civiles de la minoría. Su estrategia de golpear y doblegar mediante el insulto o la amenaza le ha reportado dividendos en una aparentemente errática política exterior.

Por otro lado, el presidente electo de México ha insistido en que la mejor política exterior es la interior, y en que se generarán en el país las condiciones para que sólo migren quienes lo desean, no por necesidad. El proyecto de una especie de new deal a la mexicana busca arraigar a la población a sus lugares de origen, lograr una subsistencia alimentaria y, según recientes declaraciones de Durazo, no pretende militarizar la frontera sur, sino resolver la situación de quienes solo pasan por México y quienes se van quedando.

Quien ha leído La fila india, de Antonio Ortuño, o visto los documentales de La Bestia, el infame tren que los transporta, se preguntan si eso puede lograrse sin un cambio radical de política migratoria en México. Eliminar el brazo “policiaco” del Instituto Nacional de Migración, según ha declarado, suena a un principio muy correcto para desmantelar ese estado de cosas que tanto nos duele.

¿Y el muro?, le han preguntado los periodistas a Ebrard. ¿Qué hacer si sale en la mesa? No está en la agenda, ha dicho con tino el próximo Canciller. Veremos en los próximos meses diálogo, entendimiento, pero no sometimiento. Siempre he dicho que podemos voltear hacía Asía, que podemos fortalecer un tratado vigoroso con América del Sur, que China puede ser un aliado importante. No apostar todas nuestras canicas al Vecino Distante, que decía el gran reportero Alan Reading.

Mientras, proporciona una gran confianza lo que ocurra el día de hoy y los puentes que se abran. El regreso a los principios juaristas (El respeto al derecho ajeno es la paz) y a la doctrina Estrada también alivian. Nuestra política exterior era —hasta el comes y te vas y otras linduras— un motivo de orgullo; era un patrimonio intangible tan importante como nuestras pirámides. Hemos dilapidado parte de ese respeto, pero nunca es tarde para replantear con inteligencia la política exterior de México, una de nuestras mejores tradiciones de gobierno.

La reunión de hoy es un primer paso para exigir que se nos trate con dignidad, para establecer el tipo de relación que queremos tener con Estados Unidos. Si el presidente vecino asume que el viejo cuento de La fierecilla domada, de El Conde Lucanor es su manera de tratar a los otros (amenazar y golpear para doblegar, como ya dijimos), nosotros en cambio volveremos a los principios de la diplomacia, entre los que está el de la reciprocidad.

Ya no es tiempo de cruzarse de brazos, un bono democrático de más de treinta millones de votantes, cinco gubernaturas, 69 senadores, 310 diputados, 385 diputados locales, trece capitales estatales y 314 ayuntamientos da la fuerza para sentarse a la mesa de igual a igual, sin ningún complejo de inferioridad. Los mexicanos nos merecemos ese respeto.

 

PEDRO ÁNGEL PALOU

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