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Raymundo Riva Palacio/Eje Central

La vida en Morelos no vale nada. Por cinco mil pesos, un joven mató a dos personas, a plena luz del día, a un costado del Palacio de Gobierno en el centro de Cuernavaca. Era una apuesta -la muerte o la cárcel como alternativas opuestas- que jugó con la esperanza de huir. Fracasó en este intento, pero tuvo éxito para subrayar las condiciones de inseguridad en ese estado, donde el ecosistema de impunidad es parte del paisaje local. El gobernador Cuauhtémoc Blanco declaró estar muy enojado, en una reacción emocional. Tampoco hay que sorprenderse. Blanco llegó a la gubernatura no por su talento político, sino como parte de una manipulación de políticos para hacerse del poder, aprovechando la popularidad del ex futbolista por quien se volcaron en las urnas. El desastre de Morelos, en ese sentido, es una culpa colectiva.

 

Blanco está gobernando un estado difícil, al ser parte del corredor del narcotráfico que se extiende de la Ciudad de México hasta Acapulco, que desde hace una década ha sido un botín disputado por organizaciones criminales. Las autoridades estatales han identificado células de cuando menos cinco grupos delincuenciales, de presencia nacional como el Cártel Jalisco Nueva Generación, y local, como el Comando Tlahuica, enfocado en el control del sistema de agua potable y el alcantarillado de Cuernavaca -un negocio de 300 millones de pesos anuales-. También se encuentran los violentos grupos regionales Los Rojos, Guerreros Unidos -que tiene una estructura y niveles de operación que permiten considerarlo como un cártel-, y La Familia Michoacana.

 

Morelos no era un estado de criminalidad atomizada, pero la degradación en los sistemas de seguridad y un gobierno incompetente, dispararon el fenómeno desde octubre de 2018, cuando Blanco llegó a la gubernatura. Desde entonces, la espiral de inseguridad se volvió incontenible. Se incrementaron los homicidios dolosos, el robo, los secuestros y las extorsiones, particularmente en la zona sur del estado, donde personas que conocen la entidad reportan que los alcaldes son víctimas preferidas de los criminales, así como los comerciantes a quienes cobran derecho de piso. Si no pagan, dicen estas personas, balacean e incendian los locales, o privan de su libertad a los propietarios para asesinarlos como mensaje de escarmiento para quien desee imitarlos.

 

Los homicidios dolosos, que son delitos de alto impacto, crecieron 36% en el primer trimestre de este año, comparado con el mismo periodo en 2018, y solamente entre diciembre de 2018 y marzo de 2019, se elevaron 10%, lo que refleja el desbordamiento del crimen ante la inoperancia gubernamental. Morelos es el sexto estado donde más crecieron los homicidios dolosos, después de Nuevo León (103.87%), Quintana Roo (71.79%), Tabasco (69.60%) Sonora (46.05) y Jalisco 45.57. La organización Semáforo Delictivo llegó a contabilizar uno de estos crímenes cada hora.

 

La alta incidencia delictiva supera los máximos alcanzados en el gobierno de Graco Ramírez, que desató protestas y marchas. Ello, pese a que la cifra negra de delitos es muy elevada. Según el INEGI, sólo 10 de cada 100 delitos son denunciados, ante la falta de confianza en las autoridades y las pocas sentencias condenatorias. La mala gestión de Blanco es el principal factor al que le atribuyen en Morelos la crisis de seguridad, aunque el gobernador no es quien toma las decisiones de fondo, sino su jefe de Oficina, José Manuel Sanz, que acompaña a Blanco desde que era alcalde de Cuernavaca.

 

Sanz ha sido el arquitecto de la ruptura de la coordinación entre las corporaciones de seguridad estatal y municipales, al anular a las alcaldías al imponer un modelo donde el gobierno del estado concentra todas las funciones de seguridad pública y tránsito, incluyendo los ingresos derivados de las multas. El resultado ha sido el desinterés de los alcaldes en cooperar en materia de seguridad o, como es el caso del presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos, de enfrentamiento total. Blanco no tiene buena relación con él, a quien considera cercano al ex gobernador Ramírez, y cuando no pudo impedir que tomara posesión en enero, cerró la Presidencia Municipal y lo obligó a rendir protesta en la calle.

 

Los problemas políticos de Blanco, que se reflejan en el resto de su gestión y del combate a problemas como el de la inseguridad, se extienden dentro del gabinete y con sus aliados políticos. Uno de los choques más significativos es con el fiscal -que asumió en el gobierno de Ramírez-, Uriel Carmona Gándara, a quien ha buscado destituir, pero no ha podido negociar su salida con el Congreso local. Esta falta de respaldo político está asociado con otra disputa en la que se embarcó el gobernador actual con sus aliados de Morena, y en particular con la presidenta nacional Yeidckol Polevnsky, con quien se peleó públicamente.

 

Blanco es uno de los gobernadores más incompetentes, con problemas de seguridad y gobernabilidad. Sin embargo, no es el principal culpable del desastre en Morelos. Un partido local, el Social Demócrata, lo hizo su candidato -reportes en la prensa morelense hablan que a cambio de siete millones de pesos- para alcanzar el poder. Tras ganar la alcaldía se pelearon y Blanco fue reclutado por Encuentro Social como su candidato a gobernador. Ese partido le añadió el apoyo del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, y en su conflicto con Ramírez, el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, también lo respaldó.

 

 

Blanco y Sanz están peleados con todos, sin encontrar salida a los problemas. La inseguridad los devora, la ingobernabilidad crece, y los responsables de que sea gobernador guardan irresponsablemente silencio, mientras Morelos, que no parece importarle a nadie en la clase política fuera de procesos electorales, se pinta de rojo.

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Raymundo Riva Palacio

El lunes pasado apareció en la portada de la edición mexicana de la revista GQ la fotografía de Juan Guaidó, el autoproclamado presidente interino de Venezuela con una propuesta clara para lograr la caída del presidente Nicolás Maduro: quebrar la base de apoyos que mantiene en las estructuras de poder, pero en particular con los militares. En la madrugada del martes apareció un video en donde Guaidó llama a un golpe de Estado. La entrevista -calendarizada quizás unilateralmente por los asesores del venezolano- coincidió con lo que llamó la “fase final” de la Operación Libertad, para lograr el “cese definitivo” de la “usurpación” del poder por parte de Maduro, que dio el banderazo para que miles de personas tomaran las calles para desafiar a las fuerzas de seguridad, elevando la presión al Ejército para darle la espalda al presidente.

 

La intentona del golpe de Estado, en tiempo real. Caos, violencia, gases lacrimógenos y enfrentamientos dominaron la jornada, donde no está claro qué hay detrás de lo que no se ve. Lo que se vio, por la parte de Guaidó, es que en el video aparece en una toma cerrada donde cuando panea la cámara, pueden contarse máximo 35 soldados o, cuando menos, vestidos como soldados, con un vehículo militar artillado en la parte posterior, que abulta. Visto de esta manera, el “intento de golpe de Estado de una magnitud mediocre”, como definió el ministro de Defensa y hombre fuerte de Maduro, Vladimir Padrino, parece tener sentido.

 

Sin embargo, hay algunos síntomas de que las cosas estaban fuera de control. Desde temprana hora, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, ordenó el cierre de la señal abierta en los medios electrónicos privados, por lo que las cadenas de televisión y Radio Caracas comenzaron a transmitir programas de tarot o se enlazaron a la señal de la televisión estatal. Poco después, sacó del aire las transmisiones de las cadenas estadounidenses CNN y CNBC, y de la inglesa BBC. Poco antes, según el observatorio de Internet en Europa, NetBlocks, la empresa paraestatal de telecomunicaciones, Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, limitó el acceso a Twitter, Facebook, YouTube y otros servicios de Google, aunque pudieron salir datos a través de servicios VPN.

 

Sobre la experiencia de sublevaciones en otras naciones, se puede argumentar que lo que sucedió en Venezuela este martes, mostró que ninguna de las dos partes tenía la suficiente fuerza para imponerse rápidamente, y al mismo tiempo, ninguna estaba tan débil para ser doblegada. Este tipo de intentonas tienen otro tipo de velocidad. Cuando se sublevó el coronel Leónidas Macías, jefe de la Policía Antidisturbios en Panamá -con el apoyo también de Estados Unidos- en 1988 en contra del general Manuel Antonio Noriega, la gente salió a las calles y se arremolinó en torno al cuartel de la Policía Nacional en el barrio de La Chorrera, a media mañana, pero las turbas norieguistas se enfrentaron a la gente en las calles, y los militares leales al general sofocaron el levantamiento.

 

Noriega salió airoso en ese momento, pero sería marcado como el principio del final, que terminó al año siguiente con la invasión estadounidense en Panamá. En Argentina, cuando el pueblo argentino se dio finalmente cuenta que el gobierno militar los había estado engañando con propaganda y que habían perdido la guerra de las Malvinas contra el Reino Unido en 1982, cientos fueron a la Casa Rosada a protestar, y fueron dispersados con balas de goma y gas pimienta. Aunque aparentemente salió intacto el régimen militar, días después el presidente, el general Fortunato Galtieri, presentó su renuncia y comenzó el camino de la democratización en aquella nación. La moraleja de esos dos eventos es que si alcanza la sublevación la fuerza necesaria para fracturar a un régimen, su caída será inminente.

 

En Venezuela no pasó eso, y a diferencia de Argentina y Panamá, el consenso internacional está volcado mayoritariamente hacia Guaidó y la sublevación. Sin embargo, hubo posiciones ponderadas. Frente al abierto golpismo de Estados Unidos, los gobiernos de Francia y España reiteraron su apoyo a un proceso pacífico democrático, pero expresaron su preocupación para que, como dijo el Palacio de la Moncloa, “no se produzca un derramamiento de sangre”. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en esa línea, al pedir una solución pacífica negociada, en contraposición con la mayoría de las naciones latinoamericanas.

 

México está del lado correcto de la historia, aunque muchos mexicanos, por razones objetivas, prefieran ver este episodio de manera coyuntural. Es cierto que Maduro ha destruido instituciones democráticas, atacado todo el régimen de libertades, violado derechos humanos y llevado a los venezolanos a vivir en la precariedad, produciendo un éxodo masivo. Pero aceptar que por esas razones un gobierno pueda colocarse, moralmente, al lado de un golpe de Estado, es perder de vista los principios de soberanía. ¿Estarían de acuerdo los mexicanos que apoyan el golpe de Estado en Venezuela en respaldar una acción de esa naturaleza en México por el hecho de discrepar con las acciones de López Obrador, que mina las instituciones, provoca regresión a las libertades y toma decisiones que pueden llevar a la precariedad?

 

 

Los venezolanos llegaron a la situación en la que se encuentran porque sus élites fueron incapaces de organizarse y enfrentar el régimen. Hoy necesitan el apoyo de Washington para derrocar a Maduro. Venezuela nos regala una lección. La pasividad y la cobardía, no ayudan. La defensa de los valores democráticos y sus instituciones es el camino, para no jugar el papel de títeres de un poder que les ayude a tirar el poder que no quisieron ni supieron enfrentar.

 

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Raymundo Riva Palacio/Eje Central

Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, realizó una operación de control de daños urgente en medios electrónicos. Le urgía, después de que terminó la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador, desmentir que había presentado su renuncia al cargo -que no le aceptaron-, como se apuntó en esta columna. Inició la operación mediáticaen el programa de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, donde dijo además que el presidente no lo ha maltratado, que está trabajando mucho y que de haber presentado la renuncia el pasado 2 de mayo, la habría sostenido. Su equipo fue pidiendo espacio en los programas de radio matinales y en los vespertinos para repetir el argumento e impedir que la especie sobre su renuncia creciera.

 

Romo hizo lo que políticamente debía hacer para evitar, precisamente, infligir el daño al presidente que habría causado su renuncia. Si no fue irrevocable y aceptó la negativa del presidente a aceptarla, también tuvo que asumir el costo de dar la cara y decir cosas que, fuera del escrutinio público, es totalmente contrario a lo declarado, su inconformidad por el poco espacio que tiene para incidir e influir en Palacio Nacional. Romo, incluso, no cuenta con una oficina cercana al presidente, sino despacha en el edificio inteligente que se construyó en Los Pinos durante el gobierno de Felipe Calderón, a nueve kilómetros en línea recta de Palacio Nacional, lo que lo hace el primer jefe de Oficina de la Presidencia que despacha lejos del presidente, y el primero cuyo peso político dentro del gabinete y el gobierno es prácticamente nulo. Como anécdota de fondo y forma, está tan alejado del imaginario del entorno presidencial, que en la Feria Aeroespacial en Santa Lucía en abril, se les olvidó reservarle una silla en el presidium.

 

Los motivos de la renuncia de Romo y su deseo de dejar el gobierno, están directamente relacionados con el maltrato del presidente que optó por respaldar al secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, por encima de él, con quien se ha enfrentado desde los meses de la transición, en una lucha por espacios y poder donde ha fracasado. Romo quiso poner al secretario de Hacienda, pero el presidente nombró a Urzúa. También buscó a uno de los suyos en la cartera de Economía, pero López Obrador le aplicó la misma receta.

 

Logró colocar a leales en organismos descentralizados, pero Urzúa los fue anulando, como sucedió con Eugenio Nájera, vinculado al sector empresarial regiomontano, que trabajó con Romo en la coordinación del gabinete propuesto por López Obrador durante la campaña, y a quien llevó a la dirección de Nacional Financiera. En su primer Consejo de Administración, Urzúa lo anuló y le hizo ver que ese organismo dependía de él, no de Romo.

 

Los choques entre los dos comenzaron de manera abierta temprano en la transición. El primer roce fue en septiembre, cuando Urzúa reforzó una declaración de López Obrador sobre el costo de las gasolinas, y dijo que sólo subirían la tasa de inflación, y que no habría gasolinazos. Romo declaró, sin embargo, que no habría control en los precios de gasolina, que no iba a haber subsidios y que no se haría nada que no fuera regido por el mercado; es decir, dejó abierta la puerta a gasolinazos.

 

Un segundo choque fue durante la discusión sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco. Aunque los dos favorecían su construcción, Romo afirmó a los inversionistas que el aeropuerto que la construcción seguiría y que no había de qué preocuparse por la consulta ciudadana que se iba a organizar. Urzúa siguió las instrucciones del entonces presidente electo, y a diferencia del jefe de la Oficina presidencial, no perdió credibilidad ni interlocución ante los inversionistas. Romo no ha dejado de entrometerse en el terreno de Urzúa, como cuando adelantó en público que se realizarían nuevos recortes en la Administración Pública, que tuvo que ser desmentido por el secretario de Hacienda. En todos los casos, López Obrador ha respaldado a Urzúa, en perjuicio de Romo.

 

Romo está muy disminuido dentro del gobierno, sin equipo ni recursos. El presidente le prohibió utilizar su avión privado para viajar los fines de semana a Monterrey, donde está su familia, y su equipo no dispone de viáticos para hacer lo mismo, teniendo que subsidiar al gobierno por trabajar en él para poder regresar a Monterrey los días de descanso. En sus diferentes apariciones en los medios este martes, dijo que estaba organizando grupos empresariales en todo el país. En realidad, de acuerdo con miembros de las cúpulas del sector privado, no tiene nada concretado, y quiere colgarse y arroparse en las nuevas organizaciones que se están construyendo dentro del Consejo Coordinador Empresarial.

 

El espacio de maniobra de Romo es muy reducido y está acotado. El choque con Urzúa lo ha ido desgastando aún más que al secretario de Hacienda, a quien el presidente le ha encargado el rescate económico del país, ignorando por completo lo que pueda hacer su jefe de Oficina. Esa realidad ha hecho de Romo un token, un anglicismo que se utiliza para describir a quienes sólo son utilizados como símbolo, sin ningún peso para quien los emplea de esa manera, y él está consciente de que perdió la batalla con Urzúa y que el presidente no ha tenido dudas en quién apoyarse.

 

 

La salida de Romo del equipo presidencial se contuvo por ahora, pero salvo que todo lo que ha sucedido en los últimos siete meses se modifique, será inevitable. ¿Cuándo? Para el presidente es un asunto de tiempos y oportunidades, de lo cual se hablará en un siguiente texto.

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Raymundo Riva Palacio/Eje Central

El presidente Andrés Manuel López Obrador se volvió a referir al caso Odebrecht y la corrupción en México. Dijo el sábado que se “metió hasta la cocina” en gobiernos anteriores y que incluso llegó a tener una sesión de su consejo de administración en Los Pinos. Uno supone que debe tener información sólida, como el que tenga en sus manos la agenda de actos y eventos en Los Pinos, que prueben su dicho, aunque a veces parece que la tiene sólo parcial, como al afirmar que se inhabilitaría al conglomerado brasileño de tener contratos con el gobierno, lo que es un dato obsoleto, porque desde el gobierno anterior hay 12 sanciones de inhabilitación, multas por más de 500 millones de pesos, y 10 procesos contra ex funcionarios y empresarios. El tema de Odebrecht, sin embargo, no salió de la nada ni fue un distractor.

En Minatitlán, donde abordó el tema, saben mucho de ello, al participar Odebrecht en trabajos dentro de la refinería llenos de irregularidades, que incluye un sobrecargo de alrededor de mil millones de pesos adicionales a lo que se había proyectado. El estilo de López Obrador no es directo y toma los caminos más largos para establecer un punto, o incorpora tantos enunciados y deja tantos cabos sueltos que a sus declaraciones hay que aplicarle una técnica de arqueología para conocer para dónde y el alcance de lo que afirma.

 

Por ejemplo, dijo: “Esas empresas corruptas del extranjero no van a tener posibilidades de participar en licitaciones. Ya saben ustedes que hasta gobiernos extranjeros intervenían a favor de esas empresas”. Su afirmación, aunque puede ser imprecisa, definitivamente tiene puntos de contacto con la tierra. En diciembre de 2016, días después de darse a conocer la corrupción de Odebrecht en 11 países, se publicó en este espacio: “Por años, los ejecutivos de Odebrecht hablaron con gobernadores en todo el país, y a través de la intermediación de Luis Inazio Lula da Silva, el expresidente que recibía sus favores y fuertes compensaciones económicas y materiales, obtuvieron citas al más alto nivel en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto”.

La relación de Odebrecht con Peña Nieto ya era vieja. En 2010 viajó el entonces gobernador Peña Nieto a Sao Paulo para reunirse con el propietario de la empresa, Marcelo Odebrecht, y en octubre de 2011, como precandidato presidencial, platicaron en Toluca. A dos semanas de asumir la Presidencia se volvió a encontrar con él en Querétaro. Documentos de la fiscalía brasileña sobre la investigación de corrupción incluyen las minutas de un encuentro del director de Odebrecht Carlos Fadigas en 2012 –hoy testigo contra su vieja empresa-, donde afirmó: “Acompañamos de tiempo completo toda la campaña del PRI y del actual presidente Peña Nieto”. Fadigas habló con Peña Nieto ya instalado en la Presidencia, pero no se sabe aún si ese encuentro es del que habló López Obrador.

 

El acompañamiento de la campaña de Peña Nieto se dio por parte de la filial de Odebrecht, Braskem, que ganó la licitación para hacer trabajos en la refinería de Coatzacoalcos, cercana a Minatitlán y donde trabajaba la secretaria de Energía, Rocío Nahle y su esposo, y cuyo fundador es el suegro del actual secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú, y de la cual es consejera –como él lo fue en algún tiempo-, su esposa. En la reconfiguración de la refinería en Minatitlán estuvo directamente Odebrecht, con otras tres empresas, y desde 2011 la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades. Entre ellas, un retraso de cinco años de la entrega de la obra y un incremento en sus costos de 66%. Una de las empresas que participaron en la obra fue Arendal, fundada en 1997, con sede en Monterrey, y su nombre no hay que olvidarlo.

Cuando inició el gobierno de Peña Nieto, Emilio Lozoya, director de Pemex, ratificó en su cargo como director general de Pemex Gas y Petroquímica Básica (hoy llamado Pemex Transformación Industrial), a Alejandro Ramírez Sibaja, quien recibió la instrucción de su jefe, de acuerdo con ex funcionarios de Pemex y documentos de la fiscalía brasileña, de atender a los ejecutivos de Odebrecht. Ramírez Sibaja recomendó Arendal, junto con Odebrecht –a través de su filial TAG Pipelines- y la argentina Technit –seleccionada por el gobierno de López Obrador para participar en la construcción de la refinería de Dos Bocas-, para que participaran en la construcción del tramo Los Ramones II Norte.

 

Al cese de Lozoya de Pemex, el nuevo director de la empresa, José Antonio González Anaya, realizó el primer despido de esa administración, el de Martínez Sibaja –oficialmente se manejó como jubilación adelantada-, quien poco tiempo después entró a trabajar en Arendal, hasta que salió de la empresa en 2016. Martínez Sibaja había sustituido en Pemex a Jordy Herrera, cuando el presidente Felipe Calderón lo nombró secretario de Energía. Herrera, como publicó Eje Central en junio de 2016, formaba parte del Cártel del Gas en Pemex, al igual que Martínez Sibaja, una red de relaciones familiares y empresariales para controlar ese producto, donde las empresas vinculadas a Odebrecht jugaron un papel importante. Nunca se investigó en el gobierno de Peña Nieto los alcances de ese grupo, ni se determinó si actuaron dentro de la ley o incurrieron en irregularidades.

López Obrador no deja de hablar de corrupción de gobiernos pasados. Odebrecht es un caso abierto en el cual puede comenzar a demostrar que de acusaciones no sólo se llena la boca, sino las cárceles.

 

Nota: El candidato al gobierno de Puebla, Miguel Barbosa, en réplica a la columna publicada el viernes pasado sobre su salud, rechazó que su campaña sea de gabinete, como se mencionó, y aseguró que realiza mítines multitudinarios con decenas de miles de asistentes. También negó que haya hecho declaraciones “indignas” sobre la muerte de la gobernadora Martha Éricka Alonso y su esposo el senador Rafael Moreno Valle, y que por el contrario, pidió guardar luto.

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Raymundo Riva Palacio/Eje Central

El maltrato del presidente Andrés Manuel López Obrador a sus colaboradores no había hecho crisis hasta hace unos días, cuando el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, presentó su renuncia. No se la aceptó, pero la herida quedó abierta. Este episodio grita el estado de ánimo que se está viviendo en Palacio Nacional -aunque Romo despacha en un edificio inteligente en Los Pinos-, y las dificultades internas que tiene el equipo presidencial para ayudar a gobernar a López Obrador. El rechazo a aceptar la renuncia sofocó lo que habría sido el principio de una crisis profunda, pero está lejos de haberse resuelto la tensión que se vive en los corredores palaciegos. A los problemas naturales del ejercicio del gobierno se están acumulando los agravios del presidente contra su propio equipo.

 

Romo ha acompañado a López Obrador desde la campaña presidencial de 2006, esforzándose en explicar al sector privado lo que significan sus palabras y su proyecto de nación, y tratando de minimizar los costos de sus constantes choques con los empresarios. Siempre lo había respaldado, como cuando en la campaña de 2018, el Grupo Monterrey le dijo que establecerían un diálogo regular con él, pero que cambiara a Romo como su enlace. El entonces candidato se negó y forzó a los empresarios a tener a su coterráneo como el puente con él. Parecía tener, en ese momento, toda la confianza de quien apuntaba para ser presidente.

 

Como lo ha sido desde hace casi tres lustros, Romo es su cara ante el sector privado, nacional e internacional, y lo llevó a su equipo cercano en Palacio Nacional aún cuando el deseo del empresario regiomontano era quedar fuera del gobierno. El presidente insistió y comenzó a trabajar muy cerca de Julio Scherer, el consejero jurídico de la Presidencia, a quien los une una vieja amistad común, la de Pedro Aspe, ex secretario de Hacienda, consultor y empresario exitoso. La cercanía con López Obrador, se fueron dando cuenta los inversionistas, no significaba realmente mucho.

 

El episodio público más claro fue cuando las deliberaciones sobre si se cancelaba o continuaba la obra del nuevo aeropuerto en Texcoco, donde dos semanas antes de una consulta ciudadana a finales de octubre, con López Obrador en calidad de presidente electo, Romo les dio todas las garantías a los inversionistas que la decisión final, sin importar los datos de esa medición, sería continuar la construcción. Para sorpresa de Romo y varios en el círculo cercano de López Obrador, la decisión fue que cancelaría la obra, y forzó a su consejero a sentarse junto al él en una conferencia de prensa donde dio a conocer el rumbo que seguiría.

 

En menos de 24 horas, Romo perdió credibilidad ante inversionistas y el sector privado. No representaba a López Obrador, ni estaba enterado de lo que iba a decidir, fue la conclusión. El consejero aguantó la humillación, pero el maltrato, de acuerdo con personas cercanas a él, no ha cesado. No es algo personal, habría que atajar, sino parte del estilo del presidente. Por ejemplo, no ha intervenido en el creciente conflicto de Romo con el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa -que también ya ha dado muestras de desgaste por razones similares-, generado por el propio presidente al no establecer con claridad las líneas de responsabilidad y mando, donde los dos se han venido cruzando y enfrentando. La decisión que muestra López Obrador en público al transmitir todas las mañanas que está al mando, se vuelven vacíos de autoridad y silencios cuando de ordenar a su equipo de trata.

 

El maltrato con Romo no es personal, en abono al presidente. A veces parece hasta inopinada la forma como ni siquiera se da cuenta del daño que le hace a sus colaboradores, al gobierno y a sí mismo. Públicamente ha desautorizado a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, al de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú y, de manera sonora, en dos ocasiones muy importantes, porque se trata de inversionistas a quienes envía mensajes contradictorios, al subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, a quien desmintió que se pospondría la cancelación de la refinería en Dos Bocas, y que se estaba evaluando imponer la tenencia a nivel federal.

 

Ninguno de ellos ha reaccionado. Herrera ya conoce de los descolones de López Obrador desde que trabajó con él en el gobierno de la Ciudad de México, y parece no importarle su prestigio. Nahle nunca hubiera llegado a donde se encuentra, si la mano de López Obrador no la cuida y la impulsa hasta la cartera de Energía, donde por su incompetencia y falta de conocimiento, no habría habido ningún otro gobierno que le delegara tanta responsabilidad. Jiménez Espriú ha figurado en los gabinetes de López Obrador desde el primero que anunció en 2006, recuperado del retiro para servir como fusible y pararrayos, con el convencimiento total de que será incapaz de llevarle la contra a su jefe. Romo no está hecho del mismo material.

 

 

No se revelaron los detalles que llevaron a la decisión de renunciar, ni los argumentos del presidente para rechazársela. El entorno económico, sin embargo, no es favorable al gobierno, aunque López Obrador insista que la economía se encuentra saludable. Internamente, el presidente sabe que el panorama económico está muy complicado, que se pondrá más difícil si se baja la calificación de Pemex, y que lo agrava el mal clima de inversión actual. La salida de Romo en este momento equivaldría a un mensaje que las fuerzas moderadas perdieron la batalla, y que el radicalismo en el equipo presidencial, ganó una partida que llevaría probablemente a una crisis económica.

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Raymundo Riva Palacio/Eje Central

La polarización política llegó al absurdo, generosamente hablando. Un comando asesinó a 14 personas en un bar de Minatitlán –incluido un niño de un año- el Viernes Santo, y la arena pública se llenó de escupitajos. Cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador contribuyó el Sábado de Gloria con un galimatías donde no habló del crimen sino flageló con citas bíblicas a quienes lo acusaron de tirano por violar la Constitución. Pero la tragedia mexicana no comienza ni termina con él. Minatitlán es la síntesis del colapso de la seguridad que dejó el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, y la ingenuidad de López Obrador al proclamar el fin del combate al crimen organizado como vía de la pacificación nacional.

 

Hace tiempo se perdió el control en Minatitlán, que quedó en manos de dos cárteles de la droga en pugna. Y desde hace unos cinco años, los asesinatos en las cantinas de Minatitlán, Coatzacoalcos y municipios en esa zona, son comunes. Las autoridades federales trabajan las principales líneas de investigación, que atraviesan los dos factores señalados. La principal hipótesis detrás de la matanza es el huachicol. Todos los días, reportan lugareños, hay robos de pipas en la carretera de Coatzacoalcos-Cosoloacaque, que pasa junto a Minatitlán, que son desviadas hacia cantinas en la zona del aeropuerto que es donde se encuentran los depósitos clandestinos huachicoleros.

 

Las autoridades federales están investigando la probable acción de miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, a quienes se les han ido sumando en los últimos tiempos antiguos asesinos de Los Zetas, con los que hoy se enfrentan en Veracruz. Pero el fenómeno tiene componentes más graves de lo que la violencia y la lucha por la plaza en sí mismo significan. La diáspora criminal y el realineamiento de los cárteles que ha provocado la espiral de violencia galopante en Veracruz, dicen funcionarios federales, está relacionada con acciones y omisiones en las que incurrió el aparato de seguridad en el gobierno de Peña Nieto.

 

Un diagnóstico federal subraya el relajamiento en las medidas de seguridad en los penales y la falta de renovación de los equipos de seguridad, que tuvieron como su mejor ejemplo las condiciones para que Joaquín El Chapo Guzmán escapara de El Altiplano en 2015. Según la evaluación, esto sucedió dentro de las áreas de beneficios de libertad del Órgano Administrativo Desconcentrado para Prevención y Readaptación Social, que dependía de la Secretaría de Gobernación, donde se mantuvo a oscuras a la PGR cuando un delincuente de alta peligrosidad iba ganando amparos, como sucedió con Rafael Caro Quintero, uno de los jefes del Cártel de Guadalajara, antecesor del Cártel de Sinaloa, en 2013.

 

Las autoridades federales han encontrado que la falta de reforzamiento de causas penales, particularmente de miembros de ese cártel llamado hoy Pacífico, y de su brazo armado, el Cártel Jalisco Nueva Generación, y de Los Zetas, se dio a través de un entramado de despachos de penalistas, con aparentes conexiones con funcionarios en el gobierno de Peña Nieto y dentro del Poder Judicial, por lo que las autoridades revisan la probable participación ilegal de despachos de penalistas con presuntas vinculaciones con Humberto Castillejos, que fue consejero jurídico del presidente Peña Nieto, y de una red de secretarios de Acuerdos en los Circuitos de Jalisco, Estado de México y Tamaulipas.

 

Lo que se han venido encontrando es el desmantelamiento del sistema de impartición de justicia federal, que benefició en Veracruz al Cártel Jalisco Nueva Generación y a zetas que estaban presos, cuya liberación y posterior incorporación a Cártel del Pacífico hizo que la violencia se intensificara en ese estado. Varias declaraciones del presidente López Obrador sobre el Poder Judicial y actos de impunidad, tienen en esos hallazgos su razón de ser. Pero sus declaraciones en este sentido son amagos sin acciones concretas. En otro sentido, han sido un bálsamo para los criminales, y un perdón implícito para los responsables de la negligencia.

 

La explicación es que López Obrador está en una lógica que no es combatir a los cárteles. Desde diciembre de 2017, antes de la campaña presidencial anunció una amnistía para narcotraficantes, y aunque la promesa la ha ido matizando, los cárteles reaccionaron, incluso, buscando el Cártel Jalisco Nueva Generación un acuerdo con él, del que no se sabe qué curso tomó. En todo caso, ya como presidente, López Obrador proclamó desde Palacio Nacional en febrero el fin de la guerra contra el narcotráfico y que cesaría la persecución a los jefes de los cárteles. Es decir, una amnistía disfrazada porque, razona, los criminales no son malos del alma, sino que las condiciones económicas los empujaron a ello.

 

Las cifras históricas de homicidios dolosos en su gobierno, son la respuesta a lo que aparenta ser una ingenuidad política. La pregunta es si realmente es inocencia o, como sugieren en su equipo, pretende regresar al status quo de principio de los 80’s, donde un cártel domine el país y coadyuve a la pacificación. No obstante, las condiciones son radicalmente distintas en cuanto a la naturaleza del mercado de las drogas y la composición de las organizaciones criminales trasnacionales.

 

 

Pactar de facto con el Cártel del Pacífico para que el Cártel Jalisco Nueva Generación y los zetas limpien el país de narcomenudistas, secuestradores, extorsionadores y asesinos en las esquinas, no será nunca la solución. Regresar el país a los 80’s en materia de seguridad es un disparate, y Minatitlán es un recordatorio que su propuesta, impunidad a los responsables directos del desastre y una política con los cárteles de dejar hacer y dejar pasar, es inviable y fallido por donde se vea—como se está viendo.

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Maria Idalia Gomez

¿Dónde comenzó el fracaso del Estado? El primer momento ocurrió cuando el Estado se ausentó, abandonó a su engranaje más básico de la cadena: la autoridad municipal. Esto es, que las alcaldías no tuvieron la capacidad para gobernar, sea por falta de recursos, porque son controlados o sustituidos por poderes fácticos o conflictos sociales internos.

 

Si el gobierno del estado no hizo nada para subsanar esa ausencia o por el contrario la alimentó, entonces el problema escalará. Algo que ocurrió en varias entidades del país. No sólo se agudizará en ese municipio el conflicto, sino se amplificará, porque la ingobernabilidad, entre sus características se encuentra que hay un deterioro gradual y expansivo.

 

Si en ese momento la Federación no articula la recuperación de la gobernabilidad municipal con la participación de la propia alcaldía y del gobierno del estado, y en cambio pretende sustituirlas temporalmente; por ejemplo, dotándole de elementos de seguridad, mientras supuestamente se recupera el control territorial, lo que ocurrirá en realidad es lo que hemos visto: el fracaso absoluto del Estado que se manifiesta en ingobernabilidad.

 

Ejemplos concretos sobre cómo las autoridades han sido rebasadas o cogobiernan con los poderes fácticos, en su mayoría vinculados al crimen organizado, se pueden encontrar en municipios de Veracruz, Tamaulipas, Tabasco, Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Coahuila, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Durango, Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí. Prácticamente en la mitad del territorio.

 

Muestra de ellos es el más reciente estudio de Etellekt: Informe de violencia política en México, primer trimestre 2019, que registró entre enero y marzo de este año 180 agresiones sobre actores, lo que significó un incremento de este tipo de violencia en 46%, en comparación al mismo periodo que el año pasado. El 81% de los casos se dividió de la siguiente forma: el 62% fueron amenazas; 13%, homicidios y 6%, secuestros.

 

El seguimiento de esta empresa especializada cobra mayor importancia si consideramos que el año pasado hubo elecciones, lo que eleva naturalmente las acciones violentas. Ahora que ya no existe un proceso electoral, como dice Etellekt, puede considerarse que hay un reacomodo o polarización política que está generando estas condiciones y también el que los poderes fácticos están actuando.

 

Este tipo de violencia refleja la debilidad institucional y si hacemos una revisión histórica, desde hace 12 años son los mismos municipios y siguen expandiéndose.

 

Los órganos de inteligencia civil apenas están elaborando un mapa de las condiciones que enfrentan los municipios del país en materia de seguridad y gobernabilidad, porque esta información no existe. Descubrieron, por ejemplo, que la información que heredaron sobre las alcaldías consideradas más peligrosas, en realidad no tenían información confiable, no cruzaban las diferentes variables de inseguridad, riesgos, amenazas y condiciones sociales.

 

El problema es que esta administración ha mostrado que pretende implementar la misma ruta que desde el gobierno de Vicente Fox comenzó a debilitar a las autoridades municipales y, sin embargo, pretende que el resultado sea distinto.

 

La Constitución establece que somos una Federación y que los estados que lo integran “adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa”, municipios libres que contarán con una estructura administrativa para gobernar.

 

Esto es fundamental para el diseño de una nueva estrategia que por ahora no existe. El accionar de la Guardia Nacional no puede sustituir a la autoridad local.

 

 

Las masacres que se están registrando en diferentes entidades y los asesinatos de líderes sociales y periodistas, aunque son delitos del fueron común, son responsabilidad del Estado, porque no cambian las cosas de fondo, respetando la estructura de la Federación, sin tentaciones de centralizar, sino fortaleciendo la municipalidad.

@Gosimai

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Elba Esther Gordillo está recuperando su poder.

 

Y no lo está haciendo sola, a su lado vuelve a estar Miguel Ángel Osorio Chong quien desde Bucareli operó su liberación

 

 

 

 

POR RAMÓN ALBERTO GARZA/CODIGO MAGENTA

 

Cuando en febrero del 2013 fue detenida en el aeropuerto de Toluca la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, sobraron los que equipararon aquel golpe político con “El Quinazo” de Carlos Salinas de Gortari.

El presidente Enrique Peña Nieto iba a cumplir tres meses en Los Pinos y al igual que quien fuera su padrino político, tenía la urgencia de legitimarse. Pero Peña Nieto, a diferencia de Salinas, le devolvió la

libertad a La Maestra cuatro meses antes de que concluyera su sexenio.

El articulador de esa negociación fue el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien convenció a su jefe que, frente al nuevo gobierno lopezobradorista, lo mejor que podían hacer era sanar las heridas con la todavía poderosa líder magisterial. La venganza podría ser mortal.

Vienen estos antecedentes a escena porque, mas allá de su libertad, La Maestra intenta hoy recuperar su menguado poder como dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Y lo está haciendo porque ve que su sindicato rival, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, hizo el trabajo político suficiente en la campaña presidencial para

adueñarse de la agenda educativa en el gobierno de la Cuarta Trasnformación.

Pero en la recuperación de su poder, Elba Esther Gordillo no está sola. A su lado vuelve a estar Miguel Ángel Osorio Chong, quien busca reagruparse para disputar el 2024.

Ya sin el poder de Bucareli, decidido a ser un rival en la ya próxima renovación del PRI, Osorio Chong está obligado a reinventarse si quiere sobrevivir y negociar que no lo toquen.

Igual que La Maestra.

Sus presuntas vinculaciones con los sobornos de Odebrecht y la campaña presidencial de 2012, además de sus huellas que aparecen en todo lo que huele a la Estafa Maestra, obligan al político hidalguense a buscar las alianzas que le respeten su inmunidad.

Y si a eso se suma que Osorio Chong perdió ya el registro del Partido Encuentro Social, que con tanto esfuerzo se creó en su paso por Gobernación, lo urgente para el que fuera el hombre fuerte del peñismo es crearse una nueva plataforma política.

Para ello está aprovechando la cercanía que tienen con La Maestra dos personajes muy ligados a él.

De hecho, son dos personajes que el mismo Osorio Chong acercó en plena campaña presidencial al SNTE para que promovieran las llamadas Redes Sociales Progresistas.

Uno de ellos es Juan Iván Peña Neder, un oscuro cabildeador que en el sexenio de Felipe Calderón operó junto con el panista Roberto Gil Zuarth permisos y cobros a casinos que demandaban los favores de la Secretaría de Gobernación.

Es el mismo Peña Neder acusado de violación tumultuaria por su pareja, Talía Vázquez Alatorre, en un escandaloso caso que lo llevó a prisión durante dos años.

Sorprendentemente, Peña Neder fue liberado y reclutado una vez más como recolector de favores de los casineros, pero ahora en la Secretaría de Gobernación de Osorio Chong.

Fue el mismo secretario de Gobernación peñista quien envió a Peña Neder a seducir a René Fujiwara y a Fernando González, nieto y yerno de La Maestra, para promover desde la SNTE esas Redes Sociales Progresistas.

Y utilizando el padrinazgo financiero de Juan Carlos Urzúa, un promotor de casinos de Monterrey, buscaron en vano convertir esas redes en su pasaporte para acercarse al candidato Andrés Manuel López Obrador.

Pero fueron denunciados a tiempo, y aunque se colaron a los templetes de campaña, acabaron desconocidos tanto por el candidato presidencial de Morena, como por Claudia Sheinbaum, la entonces candidata al gobierno de la Ciudad de México.

Hoy la troika Osorio Chong- Peña Neder- Urzúa le cobran a La Maestra los favores de su liberación. Pueden estar adelante, atrás o a un lado. Pero lo que es indiscutible, es que la están usando.

 

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He visto con simpatía y a veces no mucha la lucha de las mujeres por ganar poder en la toma de decisiones en la política nacional y local.

En algunas, las menos son las que me gustan, en las restantes, les sale el blof y el pose, como en una revista de modas fifí.

En algunas conozco y afirmo que la preparación académica ha sido constante, muchas estuvieron en el PRI y su valía no fue tomada en cuenta por no acceder al capricho de los varones en poder, para que sus propuestas tuvieran foro y escuchas.

La tarea ha sido larga, frustrante para las verdaderas luchadoras.

Uno de los problemas más graves que enfrentan es coincidir con las de su mismo género, porque está lleno de políticas que como fieras agresivas luchan por empoderarse como las únicas en ese papel.

La envidia y el protagonismo ganan batalla brutal.

Quizás por eso a mí me da güeva, me dan ganas de meterles un par de putazos en la jeta, aunque sean amantes de los más importantes machos espalda plateada de la aldea poblana y en ese radica el poder, ser las putas más poderosas.

Pos no, no es por ahí.

Cuando dejen de venderse como casquivanas para que el macho en turno, idiotizado por las nalgas, que les cumple el capricho como conseguirles puestos dizque para ser la voz de la mujer, desde ahí ni me representa.

Para ese caso hay muchas putas muy hermosas, con gran capacidad y habilidad,  pero aun así requieren del macho pá sortear menos pedos para tener poder.

En Puebla es lo mismo.

No mi querida Vanessa Varahona de la Rosa, no es así…

No necesitas gritar y afirmar que las mujeres son zorras.

Aguas…tienes una hija que hizo un pinche escándalo idiota.

A cuidar la lengua y los actos.

El karma es cabrón y no es a fuerza de putazos lograr lo que otras, paso a pasito lo han hecho constantemente durante años.

Las iniciativas no se efectúan en dos días…para nada…son años de consulta, de probar, de conciliar y de mucha investigación.

El tratarse de venderse con el hoy candidato Miguel Barbosa Huerta, cuando apenas el año pasado, lo hiciste caca, no se vale.

En fin, es una sugerencia.

La verdad aflora y ni la mejor sonrisa lo borra.

¿O no?

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¿Si AMLO piensa que la prensa debe fungir como contrapeso, qué necesidad hay de sembrar adeptos en la mañanera?

 

 

¿Y qué es lo que sucede si los periodistas “se pasan”, como advierte el Presidente?

 

Bueno, la respuesta es muy simple –y eso lo tienen muy claro los reporteros que cubren las mañaneras cotidianamente-: ¡los linchan en las redes sociales!

 

En ocasiones es todavía peor, como ya ocurrió: youtubers –arropados por su equipo de prensa– se han plantado a las afueras del Palacio Nacional para provocar y agredir verbalmente a los reporteros.

 

¿Y quiénes son esos “defensores” de la honestidad del periodismo y de Andrés Manuel López Obrador?

 

Personajes “raros”, por decirlo de manera prudente. Representantes de medios alternativos algunos, de medios prácticamente desconocidos, otros –hay quienes no llegan ni a 100 seguidores y preguntan en casi todas las mañaneras-, ex priistas convertidos en fanáticos de la 4T no faltan, ni tampoco ex asesores de políticos que apoyaron al tabasqueño en distintos momentos.

 

El caso es que los reporteros de los medios clásicos, por llamarlos de algún modo, están contra la pared.

 

Unas veces, porque sus propios medios exigen de ellos algo más que prudencia ante la figura presidencial.

 

Otras, porque desde la misma Presidencia se ha abonado para que reporteros razonablemente profesionales sean desplazados (en el mejor de los casos) u hostilizados por los nuevos paladines del periodismo de las “benditas redes sociales”. Sí, eso es lo que sucede “si se pasan…”.Pero ¿qué entiende López Obrador por “pasarse”? Si interpretamos bien sus propias declaraciones de ayer, lo primero está en la forma: En no ser irrespetuosos. O como diría él: en ser “prudentes”.

 

¿Eso implicaría –tomando el caso de Jorge Ramos–, no interrumpirlo, o no replicarle a sus respuestas aunque éstas nos parezcan incorrectas o que trata de salirse por la tangente? ¿O se refiere meramente al tono: directo, conciso, duro, incluso si lo comparamos con el estilo suave del hablar del Altiplano mexicano?

 

Sea cual fuere la razón –o ambas–, no deja de ser extraño que esto le incomode al Presidente cuando uno de los periodistas a quien más reconoce públicamente, José Gutiérrez Vivó, fue precisamente uno de los primeros periodistas en subir el tono de las recriminaciones y en golpetearle incluso a la mesa a sus entrevistados.

 

Algo mucho más “insolente” –¿verdad, padre Solalinde?– que reclamar y corregir cifras. Ahora bien, sobre el tema de fondo, la postura de AMLO fue muy distinta. Encomiable, diríamos: “Si damos un dato equivocado –dijo–, vamos a corregirlo… Para eso están, para que nos hagan contrapeso, que nadie se sienta absoluto en ningún nivel…”.

 

Si es así, ¿para qué entonces enrarecer –tal como está haciendo con otros de sus dichos y acciones– el ambiente y su relación con los periodistas?

 

GEMAS: Obsequio del presidente de Francia, Emmanuel Macron: “Reconstruiremos Notre Dame porque es lo que los franceses esperan, lo que nuestra Historia merece, porque es nuestro destino”.

 

 

@MARTHAANAYA

El Heraldo de México

 

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